La República Bolivariana de Venezuela atraviesa una situación dramática luego de haber sido azotada el pasado 24 de junio por una secuencia sísmica de extrema gravedad. La región se encuentra en estado de alerta tras el registro de dos terremotos con magnitudes de 7,2 y 7,5, los cuales ocurrieron con apenas unos segundos de diferencia, intensificando la devastación en las zonas afectadas. El balance preliminar de este desastre natural es alarmante, registrándose hasta este domingo una cifra cercana a los 1.500 fallecidos y más de 3.100 personas heridas. A este saldo se suma la angustia de decenas de miles de ciudadanos que permanecen desaparecidos, lo que mantiene en vilo a toda la región latinoamericana.
Ante este escenario crítico, el gobierno uruguayo, liderado por el presidente Yamandú Orsi, ha puesto en marcha un operativo de coordinación interna con el objetivo de brindar asistencia humanitaria inmediata al pueblo venezolano. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, fue la encargada de comunicar que el Estado uruguayo ya se encuentra evaluando y organizando sus capacidades técnicas y humanas para contribuir en las labores de emergencia.
A través de su cuenta en la red social X, la secretaria de Estado detalló que las gestiones se están llevando a cabo en conjunto con el Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), los comandantes de las tres Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Militar. El propósito fundamental de esta coordinación es determinar con precisión los recursos disponibles que puedan ser desplegados para mitigar los efectos del sismo en Venezuela. Asimismo, la ministra Lazo confirmó que mantiene una comunicación fluida y constante con el presidente Orsi, el canciller Mario Lubetkin y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para asegurar una respuesta integral.
En el ámbito diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, sostiene el contacto directo con el cónsul de Venezuela. Esta vía de comunicación es fundamental para identificar las necesidades prioritarias del país afectado, permitiendo que el Ministerio de Defensa Nacional, mediante el brazo ejecutor de las Fuerzas Armadas, pueda brindar la ayuda humanitaria específica que resulte necesaria según la evolución de la crisis.
Los detalles técnicos de la posible ayuda fueron formalizados en una carta remitida este domingo por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rodolfo D. Pereyra. En dicho documento, el militar expone que las Fuerzas Armadas ya han realizado un análisis exhaustivo de los elementos que Uruguay puede poner a disposición de Venezuela. Para las tareas críticas de búsqueda y rescate, se ha propuesto el envío de tres binomios de equipos especializados K9, además de cuatro equipos de drones destinados específicamente a la búsqueda de personas y otros drones especializados en labores de mapeo del terreno. A esto se suman centros móviles de comunicaciones de emergencia, herramientas vitales cuando las redes convencionales colapsan.
Además de la tecnología de búsqueda, Uruguay ofrece personal altamente capacitado en la operación de maquinaria pesada para el removimiento de escombros, una tarea esencial para localizar supervivientes en las zonas urbanas colapsadas. En cuanto al soporte vital, las Fuerzas Armadas uruguayas han puesto a disposición personal especialista en la operación de generadores eléctricos y plantas potabilizadoras de agua, asegurando así el acceso a servicios básicos fundamentales.
En el área de salud y protección, el ofrecimiento incluye la disponibilidad de médicos de emergencia, aunque este punto queda condicionado a la disponibilidad del personal. Para combatir las inclemencias y brindar abrigo a los damnificados, se ha contemplado el envío de frazadas como parte de los insumos de protección personal.
Finalmente, el jefe del Estado Mayor de la Defensa abordó la logística de transporte. Se informó que, en caso de que el Mando Superior ordene el traslado de este apoyo, la Fuerza Aérea Uruguaya dispone de la aeronave KC-130H (Hércules). Según el reporte militar, este avión estaría en condiciones operativas para volar cinco días después de emitida la orden oficial, marcando el plazo logístico para el inicio del despliegue aéreo de ayuda.
