El espacio político Frente Patria Grande ha emitido un comunicado oficial con fuertes términos tras conocerse el procesamiento del diputado nacional Juan Grabois. La medida judicial, dictada por el juez Sebastián Ramos, se enmarca en la causa relacionada con la defensa del Instituto Perón, un hecho que ha desencadenado una serie de acusaciones por parte del sector político al que pertenece el legislador.
A través del documento, Frente Patria Grande denunció abiertamente la existencia de una "persecución política", cuestionando severamente la legitimidad del Poder Judicial y señalando al Gobierno nacional como el motor de una estrategia destinada al amedrentamiento de la oposición. Las críticas fueron dirigidas específicamente hacia la resolución del magistrado Ramos, a quien el espacio calificó de haber dictado un "procesamiento trucho" y un "mamarracho jurídico". Según sostienen desde la organización, el fallo no se basa en fundamentos legales sólidos, sino que responde a presiones políticas externas.
En el comunicado publicado en la red social X, el espacio fue contundente al expresar que "no nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido". Con estas palabras, el Frente Patria Grande vinculó la decisión judicial con maniobras que atribuiría al Gobierno y al ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, haciendo referencia a la actuación previa del juez Ramos en otras causas sensibles, específicamente mencionando la absolución de Mahiques en el caso Lago Escondido.
La organización política sostiene que este procesamiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una persecución política más amplia. En este sentido, el documento establece un vínculo directo entre la situación procesal de Juan Grabois y otras investigaciones judiciales en curso. Específicamente, mencionaron la causa por presunto lavado de dinero que involucra al diputado José Luis Espert, una investigación que fue impulsada originalmente por el propio Grabois.
Desde Frente Patria Grande afirmaron que no existen dudas de que el caso de Espert representa únicamente "la punta del iceberg de una red de lavado de dinero" que podría afectar a más personas si la investigación continúa avanzando. En consecuencia, el espacio aseguró que las denuncias y el procesamiento contra su dirigente tienen como objetivo principal frenar el avance de dichas causas judiciales y desviar la atención de las investigaciones contra otros sectores.
En cuanto al desarrollo del proceso judicial, el comunicado cuestionó profundamente el accionar de la Justicia en el expediente. Señalaron la existencia de presuntas irregularidades en la investigación, denunciando una falta de producción de pruebas y la negativa sistemática a aceptar testigos propuestos por la defensa. Estas acciones fueron calificadas por el espacio como una vulneración directa al derecho constitucional de defensa del diputado.
Asimismo, el documento recordó el episodio previo de la detención de Juan Grabois y puso el foco en las declaraciones de Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad. Al respecto, acusaron a la funcionaria de haber anticipado públicamente la decisión judicial, sugiriendo una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Sobre los cargos específicos, Frente Patria Grande señaló que en la causa se acusa al dirigente por dos delitos que consideran "inventados": resistencia a la autoridad y violación de domicilio. Los representantes del espacio remarcaron que la protesta en cuestión se llevó a cabo en un edificio público y que el desarrollo de la misma fue pacífico, desmintiendo así los cargos imputados.
Finalmente, el espacio advirtió que el impacto de esta causa judicial no se limita únicamente a la figura de Juan Grabois, sino que alcanza también a otros militantes. A pesar de la situación, reiteraron su postura de no dejarse amedrentar y ratificaron la continuidad de sus acciones políticas. Concluyeron el comunicado asegurando que seguirán luchando por una Argentina con "tierra, techo y trabajo", afirmando que no serán callados por las medidas judiciales adoptadas.
