En un giro drástico durante el desarrollo del proceso judicial en la ciudad de Nogoyá, la Justicia ha ordenado la detención inmediata de César Roberto Cepeda. El imputado, quien se encuentra actualmente atravesando un juicio por jurados acusado de haber abusado sexualmente de dos de sus sobrinas cuando estas eran niñas, fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá bajo la medida de prisión preventiva.
La resolución judicial no surge de los hechos principales del abuso, sino de una serie de incidentes ocurridos durante el transcurso del debate que encendieron las alarmas en el tribunal. La decisión fue tomada luego de que al menos tres integrantes del jurado popular presentaran denuncias formales sobre presuntos episodios de hostigamiento. Según los reportes judiciales, estas acciones de intimidación habrían sido llevadas a cabo por personas allegadas y familiares del imputado, con el objetivo aparente de influir en la decisión de quienes deben dictar el veredicto.
Los testimonios de los miembros del jurado reflejan un clima de tensión y temor. Uno de los integrantes, oriundo de la localidad de Crucesitas, llegó al punto de romper en llanto durante una de las audiencias, manifestando abiertamente su miedo a sufrir represalias por su participación en el proceso. En otro caso, un segundo jurado denunció que personas desconocidas se presentaron físicamente en su lugar de trabajo, lo que fue interpretado como una clara señal de vigilancia y presión. Asimismo, un tercer miembro del jurado informó que había recibido solicitudes de amistad a través de las redes sociales Facebook e Instagram, provenientes de individuos vinculados directamente al entorno del acusado.
Ante la gravedad de estas situaciones, que vulneran la independencia y la seguridad del sistema de juicio por jurados, la Justicia resolvió que Cepeda permanezca detenido. A partir de esta medida, el acusado es trasladado esposado a cada una de las audiencias programadas y deberá permanecer privado de su libertad, al menos, hasta que el juicio llegue a su conclusión definitiva.
El proceso legal, sostenido por el fiscal Fernando Martínez y supervisado por el juez técnico del debate, Dardo Tórtul —vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay—, se encamina ahora hacia su etapa final. Está previsto que el próximo martes 30 de junio el jurado popular emita su veredicto. Esta fecha posee una carga simbólica particular, ya que se cumplen exactamente seis años desde que se presentó la denuncia original.
Los integrantes del jurado popular tendrán la responsabilidad de responder únicamente a una pregunta fundamental: si consideran al acusado culpable o no culpable de los hechos que se le atribuyen. En el escenario de un veredicto condenatorio, César Roberto Cepeda continuará privado de su libertad hasta que se celebre la audiencia de cesura, instancia en la cual el juez definirá la pena exacta que le corresponderá según la ley.
La investigación que dio origen a este caso comenzó el 1 de julio de 2020, tras una denuncia interpuesta por los padres de dos niñas que, en aquel momento, tenían 3 y 6 años de edad. De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos habrían tenido lugar en la vivienda de Cepeda, ubicada en la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá. En dicho domicilio, las menores permanecían bajo el cuidado de sus tíos mientras su madre se encontraba trabajando. En la actualidad, las víctimas han crecido y tienen 9 y 11 años.
El camino judicial ha sido complejo y ha atravesado diversas instancias. A fines de 2025, la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, rechazó los planteos presentados por la defensa del imputado, ejercida por el abogado Walter Martínez, y remitió la causa a juicio por jurados. Previamente, en el año 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, ya había dispuesto que la causa fuera a juicio, decisión que fue confirmada posteriormente por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi.
No obstante, el proceso sufrió una modificación importante en febrero de 2024, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia anuló la resolución previa. El máximo tribunal ordenó retrotraer el proceso para asegurar que el caso fuera encauzado específicamente mediante el sistema de juicio por jurados, modalidad bajo la cual se desarrolla el debate actual y que culminará con la decisión del jurado popular el próximo martes.
