El panorama político venezolano se encuentra nuevamente en el centro de una serie de contradicciones y maniobras diplomáticas que involucran al Gobierno de los Estados Unidos y a diversos actores internos. Recientemente, se ha hecho público que el Gobierno estadounidense ha resuelto encomendar a la Dra. Dinorah Figuera la compleja tarea de reunirse con distintos sectores con el objetivo fundamental de asegurar la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), elementos considerados indispensables para iniciar un proceso de estabilización en el país.
No obstante, esta designación viene acompañada de una aclaratoria relevante: la Dra. Figuera no posee autoridad delegada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta precisión plantea interrogantes sobre la naturaleza de su gestión y, especialmente, sobre las circunstancias de su traslado. La Dra. Figuera, quien reside en España en condición de exiliada política, logró viajar haciendo escala en Washington para aterrizar finalmente en Maiquetía sin que el régimen venezolano procediera a confiscar su pasaporte o a detenerla al momento de su salida, a pesar de que ella se invoca como Presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, cargo cuya vigencia finalizó a principios de 2021.
En el análisis de los actores involucrados, se destaca el papel de Primero Justicia y la participación de la Dra. Figuera en lo que se ha denominado un "golpe de palacio", acción que debilitó el interinato ejercido en su momento por Juan Guaidó. Este escenario desembocó en la elección de la Asamblea Nacional de 2021, actualmente presidida por Jorge Rodríguez. Según el análisis, el llamado "Rodrigato", conformado por Jorge y su hermana, ha logrado posicionarse con destreza ante la administración de Donald Trump como un interlocutor válido para negociar la transición política, la cual ha sido postergada repetidamente.
Desde la perspectiva constitucional, se señala que el próximo 3 de julio se cumplen 180 días de ausencia absoluta de Nicolás Maduro. De acuerdo con los artículos 233 y 234 de la Constitución, esta situación requeriría un proceso eleccionario, aunque existe el temor de que figuras como Elvis Amoroso puedan frustrar nuevamente dicho proceso. Mientras tanto, se observa que Washington prefiere, al menos hasta el 3 de julio, mantener canales de comunicación con Delcy Rodríguez, quien ha mostrado una flexibilidad notable, transitando de una postura revolucionaria radical a convertirse en la ejecutora de las órdenes del mando central.
Esta relación genera una contradicción flagrante, ya que el Poder Ejecutivo estadounidense, presidido por Donald Trump, mantiene actualmente un entendimiento con Delcy Rodríguez, a pesar de que anteriormente se denunciaba la falta de legitimidad de su gestión. En este contexto, se comenta que Estados Unidos podría aceptar que la justicia norteamericana tramite y decida sobre reclamaciones millonarias derivadas de expropiaciones y confiscaciones ilegales ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez.
El riesgo financiero es considerable, ya que están en juego los principales activos de la República en el exterior, incluyendo Citgo. La controversia reside en si estos activos serán representados por los designados por la Asamblea Nacional de 2015 o por la Junta Directiva chavista recientemente nombrada por Miraflores. Cabe destacar que la ejecución definitiva de estas sentencias depende de la vigencia de las licencias del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las cuales vencerán próximamente.
Finalmente, existe la preocupación de que todas estas maniobras diplomáticas y legales redunden en la dilución del liderazgo político de María Corina Machado (MCM). Se recuerda que MCM, representada en su momento por Edmundo González Urrutia, recibió siete millones de votos en la elección de julio de 2024, resultado que no fue reconocido oficialmente. Asimismo, los acuerdos firmados en Panamá entre MCM y la Plataforma Unitaria podrían convertirse en obstáculos si los intereses políticos individuales prevalecen sobre la restitución de la democracia.
El escenario se complejiza ante la posibilidad de que las negociaciones lideradas por Figuera no coincidan con las de MCM y la Plataforma Unitaria, especialmente dado que ya han trascendido nombres de personajes que acompañarían a Figuera en su mesa de diálogo. A esto se suman variables externas críticas, como el posible impacto de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos sobre el poder de Donald Trump y factores imprevistos, como el reciente terremoto, que podrían añadir nuevas perturbaciones al proceso.
