El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha presentado el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en América Latina y el Caribe 2026”. Según Michelle Muschett, Subsecretaria General de las Naciones Unidas y Directora Regional del PNUD para la región, el riesgo principal para los sistemas democráticos en América Latina y el Caribe ha evolucionado significativamente. En la actualidad, la amenaza ya no reside primordialmente en rupturas abiertas del orden democrático, como los golpes de Estado del pasado, sino en un proceso de erosión y vaciamiento gradual desde el interior de las propias instituciones.
A pesar de que América Latina y el Caribe es considerada la región más democrática del mundo en desarrollo, con más de cuatro de cada cinco personas viviendo en países con gobiernos electos democráticamente, el informe advierte que la mera existencia de estas democracias no garantiza su sostenibilidad. Existe una brecha crítica entre la preferencia del sistema y su ejecución: aunque la mayoría de la población expresa su preferencia por la democracia, menos de la mitad se declara satisfecha con su funcionamiento real. Esta percepción revela un desencanto profundo y una distancia creciente entre las instituciones y la ciudadanía.
Muschett sostiene que la democracia, el desarrollo humano y el Estado forman un vínculo indisoluble. Mientras que la democracia abre el espacio para la deliberación colectiva y el desarrollo humano permite que las personas amplíen sus capacidades y ejerzan sus derechos, el Estado debe actuar como el puente que convierta esas decisiones en políticas efectivas y resultados tangibles. Cuando este vínculo falla, crece la frustración ciudadana. A pesar de que se han logrado avances en salud, educación e ingresos en las últimas décadas, el progreso no ha llegado con la misma intensidad a todos los sectores, lo que ha llevado a que más del 70% de la población considere que los gobiernos responden principalmente a intereses particulares.
Esta desigualdad económica se traduce directamente en una influencia política desigual, lo que distorsiona la representación democrática. Algunos grupos logran pesar mucho más que otros en la agenda pública, mientras que amplios sectores de la sociedad quedan al margen de las decisiones. Esta crisis de representación de los partidos políticos ha abierto paso a liderazgos personalistas que profundizan la brecha social. A esto se suma una polarización tóxica donde el adversario político deja de ser visto como un competidor legítimo para convertirse en una amenaza existencial, rompiendo la posibilidad de procesar los conflictos de manera pacífica.
El impacto de la transformación digital también es un factor determinante en el desgaste democrático. Si bien las redes sociales se han convertido en la fuente central de información, más del 60% de las personas manifiesta desconfiar de ellas. La desinformación, la manipulación algorítmica, la violencia digital y el uso poco ético de la inteligencia artificial están fragmentando el tejido social y empobreciendo la deliberación ciudadana, lo que erosiona la confianza en los procesos electorales.
Simultáneamente, el crimen organizado representa una amenaza directa y territorial. En diversas zonas de la región, estas redes ya no actúan solo como organizaciones ilícitas, sino que disputan la autoridad al Estado, imponen sus propias reglas, financian campañas y capturan espacios institucionales. Cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad ni los derechos básicos, otros poderes ocupan ese vacío, resultando en una democracia con menos libertad real para participar y decidir.
El informe también destaca la presión ejercida por la movilidad humana y la crisis climática. La migración, impulsada por la falta de oportunidades y protección, se ha vuelto terreno fértil para discursos de rechazo; en 2024, poco más de la mitad de los latinoamericanos consideró perjudicial la llegada de inmigrantes a su país. Por otro lado, en el Caribe, los desastres naturales y la deuda económica golpean a Estados pequeños y vulnerables, obligando a tomar decisiones críticas sobre quién asume los costos de las transiciones ambientales.
Ante este escenario de "desgaste silencioso", el PNUD plantea que el desafío no es sustituir la democracia, sino renovarla. Para lograrlo, es imperativo proteger la integridad electoral y corregir las distorsiones en la distribución del poder. Esto implica fortalecer la independencia de los organismos de control, limitar la influencia indebida del dinero en la política, recuperar la representación de los partidos y proteger la calidad del debate público. Finalmente, se requiere de Estados con una presencia real en los territorios y políticas resilientes. La región tiene la oportunidad de convertir el desencanto en un impulso democrático, una tarea que Muschett define como decisiva para la generación actual.
