Un estudio conjunto realizado por Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha documentado por primera vez la existencia de redes de mujeres, comités comunitarios, clubes infantiles y prácticas ancestrales que funcionan como entornos de protección y buen trato en 19 comunidades de Honduras. El informe pone de relieve cómo estas estructuras locales, presentes en poblaciones garífunas y lencas, actúan como una barrera frente a la violencia.
El documento, titulado “Estudio sobre mecanismos comunitarios de protección y buen trato a niñas, niños, adolescentes y mujeres por vulneraciones de violencia en las áreas de intervención de Ayuda en Acción (Honduras)“, revela la presencia de un sólido capital social comunitario. Este capital se fundamenta en la solidaridad, la cultura y la organización colectiva, ofreciendo recomendaciones precisas para que estos saberes locales se articulen de manera efectiva con el sistema nacional de protección.
La investigación se desarrolló en un alcance geográfico amplio, abarcando 19 comunidades distribuidas en ocho municipios de cuatro departamentos: Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Lempira. Para lograr este diagnóstico, el estudio contó con la participación activa de niñas, niños, adolescentes, madres, padres, líderes comunitarios, representantes de redes de mujeres, docentes, personal de salud y autoridades locales. El objetivo central fue identificar y visibilizar prácticas propias —como rutas escolares seguras, asambleas escolares, grupos culturales y la transmisión de saberes generacionales— que los pueblos garífunas, lencas y mestizos emplean para promover el buen trato.
Uno de los hallazgos más significativos es la concepción de lo comunitario como una fuerza de resistencia colectiva. Según el informe, esta solidaridad opera como un sistema de auxilio mutuo entre familias en contextos de inseguridad, fragilidad social o vulnerabilidad económica. Se destaca que, especialmente en el pueblo garífuna, existe una identidad cultural profundamente arraigada que trasciende la lengua y la gastronomía, manifestándose en el respeto hacia los adultos mayores y la autoridad moral de los líderes y lideresas comunitarias.
María Julia Garcete Yegros, directora general del IIN (OEA), enfatizó que la protección de la niñez debe ser un compromiso cotidiano, territorializado y sostenido, subrayando que las comunidades no deben verse como respuestas marginales, sino como “dispositivos vivos de garantía de derechos”. En sintonía, Jesús Pérez Marty, director de Ayuda en Acción Honduras, señaló que el estudio debe servir de brújula para una acción colectiva que convierta la protección en un tejido vivo y culturalmente arraigado.
El estudio detalla seis mecanismos independientes de protección que ya operan en los territorios. Entre ellos destacan los clubes comunitarios de cuidado, como el Club Garínagu en Atlántida, donde las familias adaptan sus hogares para el refuerzo escolar y el juego infantil fuera del horario lectivo. Asimismo, se identificaron redes locales de mujeres y cuidadores, grupos culturales y deportivos juveniles, comités comunitarios de protección, jornadas de limpieza y reforestación, y espacios de liderazgo y vocería juvenil.
A pesar de estas fortalezas, el informe identifica desafíos críticos. Persisten brechas en la accesibilidad, la sostenibilidad y la articulación institucional, además de la necesidad de fortalecer el enfoque intercultural, la perspectiva de género y la participación real de los menores de edad. Para solventar esto, el estudio propone recomendaciones concretas, como la capacitación de líderes en rutas de atención para evitar la revictimización y la promoción de la crianza positiva sin castigo físico, utilizando las tradiciones locales.
Otras recomendaciones incluyen la formalización de los comités comunitarios mediante presupuestos y planes operativos claros, la garantía de que los niños y adolescentes tengan voz en las decisiones que los afectan, y la adaptación de los protocolos de atención a la realidad intercultural a través de servicios bilingües y mediadores culturales. También se insta a asegurar la confidencialidad y el acompañamiento emocional para las sobrevivientes de violencia.
Este esfuerzo fue posible gracias al apoyo técnico y financiero del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), a través del proyecto “Respuesta Multidimensional para Poblaciones Afrohondureñas”, implementado por el Consorcio para la Paz (CONPAZ) —integrado por Unicef Honduras, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ayuda en Acción, Mujeres en las Artes y Cure Violence Global—. Asimismo, contó con el respaldo del proyecto VÍA LENCA, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por Ayuda en Acción y el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH).
