El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha identificado a más de 500 niños migrantes no acompañados que se encuentran actualmente bajo custodia gubernamental para una posible expulsión del país. Esta información fue revelada por el senador demócrata Ron Wyden, quien ha manifestado su preocupación ante lo que considera una escalada en las políticas migratorias dirigidas hacia los menores que llegan solos a la frontera sur.
La medida se centra específicamente en aquellos niños que permanecen bajo custodia mientras esperan ser entregados a un patrocinador, que generalmente es un padre o un familiar residente en territorio estadounidense. En esta ocasión, el esfuerzo gubernamental parece dirigirse hacia los menores que han estado bajo custodia durante al menos seis meses y que no cuentan con un familiar o tutor identificado en los Estados Unidos.
El senador Wyden, quien desempeña el papel de principal demócrata del Comité de Finanzas del Senado —órgano encargado de supervisar la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR)—, calificó esta acción como un "grave fracaso institucional". En una carta dirigida al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., Wyden advirtió que esta iniciativa pone en peligro inmediato a cientos de niños vulnerables al eliminarlos de la protección y supervisión de EE.UU. para devolverlos a situaciones de riesgo en sus países de origen.
Además, el legislador de Oregón denunció que utilizar la agencia encargada de proteger a los menores como una herramienta de expulsión representa un "exceso de poder del Ejecutivo" y una vulneración del compromiso del país con el debido proceso legal. Ante esta situación, Wyden ha exigido la suspensión inmediata de cualquier proceso de evaluación o acción de expulsión prevista, solicitando además información detallada sobre el operativo.
Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha rechazado las acusaciones. A través de un portavoz, la agencia calificó las advertencias de Wyden como una "campaña irresponsable para sembrar miedo" y negó que existan planes para tomar como objetivo a estos niños. El portavoz del HHS argumentó que la administración anterior, bajo el Gobierno de Biden, aceleró la entrega de menores sin una verificación adecuada de los patrocinadores, lo que expuso a miles de niños a situaciones de trata de personas, explotación y abusos.
Según la postura oficial del Gobierno de Trump, la prioridad máxima es garantizar que cada menor sea entregado a un patrocinador debidamente verificado. El objetivo, según un exalto funcionario del HHS, es que los niños regresen con sus familias y padres en sus países de origen en lugar de permanecer en Estados Unidos con personas que no han sido verificadas o que no poseen un estatus legal en el país.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), perteneciente al HHS, es la entidad responsable del cuidado de los niños migrantes no acompañados, quienes suelen huir de condiciones peligrosas en sus países, principalmente de Centroamérica. Los datos federales indican que hasta mayo, había un promedio de 1.816 niños bajo la custodia de la ORR. Los más de 500 menores identificados en la lista mencionada por Wyden se encuentran clasificados como menores sin patrocinador en EE.UU. y han estado ubicados mayoritariamente en hogares de acogida de largo plazo administrados por proveedores de la ORR durante un periodo mínimo de 180 días.
El procedimiento migratorio exacto que se utilizará para estas expulsiones no ha sido aclarado, aunque anteriormente el Gobierno de Trump describió procesos similares como "repatriaciones", alegando coordinación con los gobiernos de origen, como fue el caso de Guatemala. No obstante, defensores de los derechos humanos y abogados especializados expresan su temor a que los menores sean retornados a los mismos entornos violentos de los que huyeron, argumentando que esto no responde al interés superior del niño.
Neha Desai, directora ejecutiva de Children’s Human Rights & Dignity del National Center for Youth Law, señaló que el Gobierno ha demostrado una disposición a actuar con "crueldad y al margen de la ley" respecto a esta población vulnerable. Según Wyden, la mayoría de estos 500 niños ya cuentan con representación legal en sus procesos migratorios.
El antecedente más reciente de estas tensiones ocurrió el año pasado, cuando el Gobierno intentó devolver a Guatemala a 76 niños. En aquel episodio, algunos menores fueron despertados en plena noche y subidos a aviones, pero las expulsiones fueron bloqueadas temporalmente por un juez federal. Aunque el Gobierno afirmó que los padres habían solicitado el retorno, declaraciones judiciales revelaron que algunos padres no habían pedido el regreso de sus hijos y fueron notificados a última hora. Basándose en esto, el senador Wyden sostiene que el Departamento está preparando un nuevo esfuerzo de deportación a mayor escala y que involucrará a más países de origen.
