En los juzgados de San Pedro Sula se llevó a cabo la audiencia de individualización de pena dirigida a integrantes del Consejo Indígena Lenca (CIL) El Cacao. Los procesados enfrentan acusaciones formales por el delito de usurpación, en un proceso judicial que ha generado diversas reacciones y movilizaciones en el entorno de los tribunales.
Durante el desarrollo de la diligencia, el Ministerio Público presentó su solicitud formal ante el juzgado, requiriendo la imposición de una pena máxima de cuatro años de prisión para los defensores indígenas. Junto a la solicitud de la pena privativa de libertad, la entidad fiscal solicitó que se ordene el desalojo de una propiedad específica. No obstante, los acusados han sostenido durante el proceso que dicha propiedad no se encuentra ocupada actualmente, cuestionando así el fundamento de la medida de desalojo solicitada por la fiscalía.
Uno de los puntos que ha generado mayor atención es el plazo establecido para la resolución final del caso. El juzgado ha determinado que la sentencia definitiva no será emitida de manera inmediata, sino que se ha fijado la fecha del 20 de julio de 2026 para el dictamen final. Esta prolongación del proceso judicial ha sido recibida con preocupación por las organizaciones que acompañan a los procesados.
De manera simultánea a la audiencia, se registró una movilización frente a las instalaciones judiciales. La Red Nacional de Defensoras, en conjunto con integrantes de la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), se manifestaron públicamente para respaldar a los miembros del Consejo Indígena Lenca. El objetivo central de la protesta fue exigir la libertad absoluta para los indígenas procesados, así como el respeto irrestricto a sus derechos sobre el territorio ancestral que defienden.
Desde la Red Nacional de Defensores se manifestó un rotundo rechazo al juicio en curso. La organización calificó el proceso legal no como un acto de justicia, sino como una estrategia de criminalización contra los miembros del CIL El Cacao. Según la Red, el uso del sistema penal para perseguir a quienes protegen la tierra es una práctica sistemática.
El Consejo Indígena Lenca El Cacao posee una trayectoria de más de 70 años de lucha constante por lograr el reconocimiento legal y formal de su territorio ancestral. En este sentido, las organizaciones manifestantes denunciaron que el uso de la figura penal de usurpación para procesar a estos defensores es parte de un patrón de persecución dirigido específicamente contra aquellas personas y grupos que defienden la tierra y el territorio.
Asimismo, las organizaciones denunciantes pusieron el foco en el funcionamiento del sistema judicial. Criticaron el actuar de las autoridades judiciales, señalando que la demora excesiva en los procesos busca generar un estado de zozobra, preocupación y ansiedad constante en los defensores y sus familias. Para los manifestantes, la lentitud del sistema no es accidental, sino una herramienta de presión psicológica sobre los acusados.
Finalmente, las organizaciones y colectivos presentes en San Pedro Sula exigieron el cese inmediato de todo proceso de persecución contra los integrantes del CIL El Cacao. Hicieron un llamado a que la resolución final del caso sea favorable para los acusados, basándose en el principio fundamental de que ninguna persona debería ser encarcelada por el hecho de defender su territorio ancestral.
