El actual embajador en Roma y exministro de Defensa, Iván Velásquez, utilizó la red social X para responder a las graves revelaciones difundidas por Noticias Caracol. La controversia surgió a raíz de la publicación de audios que sugieren la concesión de beneficios irregulares a integrantes del Clan del Golfo, lo que ha generado una tormenta política en torno a la gestión de seguridad y paz del Gobierno Petro.
En su intervención, Velásquez buscó marcar una distancia clara y tajante respecto a las declaraciones atribuidas a Danilo Rueda, quien se desempeñó como alto comisionado para la Paz. Uno de los puntos más críticos de la denuncia periodística se refiere a la salida de 35 oficiales de la Fuerza Pública, una de las decisiones más cuestionadas al inicio del actual gobierno. Al respecto, el exministro aseguró que Danilo Rueda no tuvo participación ni conocimiento de dicho proceso, enfatizando que el comisionado jamás fue consultado sobre la situación de ningún uniformado.
Con esta precisión, Velásquez intentó desestimar las versiones que otorgan a Rueda un grado de influencia en la depuración de la cúpula militar y policial. El funcionario fue enfático al afirmar que no es cierto que el excomisionado hubiera incidido de cualquier modo en la evaluación, permanencia o exclusión de los oficiales afectados. Para respaldar su postura, señaló que la evaluación de los altos mandos de la Fuerza Pública, realizada dos semanas antes de que él asumiera el cargo, fue el resultado de un procedimiento riguroso basado en la consulta de investigaciones, documentos y diversas fuentes.
Para desligarse completamente del escándalo, el exministro sostuvo que las afirmaciones realizadas por Danilo Rueda, según se desprende de los audios referidos, solo comprometen al propio excomisionado, quien será la persona encargada de ofrecer las explicaciones correspondientes ante la opinión pública y las autoridades.
Otro de los puntos centrales de la controversia es la presunta suspensión de bombardeos. Velásquez negó rotundamente que se hubiera convenido o abordado el tema de una suspensión generalizada. El exfuncionario precisó que la prohibición de bombardeos se limitó estrictamente a los casos donde se detectara la presencia de menores de edad, una medida aplicada bajo el principio de precaución y la prevalencia de los derechos superiores de los niños.
La denuncia de Noticias Caracol indica que Rueda habría asegurado a delegados del grupo criminal que se llevaría a cabo una "purga" en las Fuerzas Militares, además del cese de bombardeos y la suspensión de extradiciones para miembros de dicha estructura. Estas revelaciones coinciden con un momento crítico: el inicio del desplazamiento de integrantes del Clan del Golfo hacia Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), como parte de la política de "paz total".
Este proceso de traslado ha estado acompañado de tensiones jurídicas. La Presidencia de la República solicitó a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo para facilitar su tránsito a las ZUT. Sin embargo, el ente acusador negó la petición, argumentando la falta de información detallada sobre los solicitantes y la necesidad de respetar acuerdos internacionales, ya que 13 de los implicados son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Esta negativa de la Fiscalía contó con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de su defensa, Velásquez recordó su gestión como ministro de Defensa entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de febrero de 2025. Durante este periodo, destacó que se lograron capturar a 5.063 integrantes del Clan del Golfo, se desmovilizaron 491 miembros y 137 fueron dados de baja en operaciones militares.
A pesar de estas cifras, los datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revelan la magnitud del desafío. El Clan del Golfo es actualmente el grupo armado más numeroso del país, con aproximadamente 9.840 miembros, de los cuales 3.328 están en armas y 6.512 forman parte de redes de apoyo. Esta organización concentra casi el 36% de los 27.000 integrantes de grupos ilegales en Colombia.
El crecimiento de la estructura ha sido notable entre 2022 y 2025, periodo en el cual su pie de fuerza aumentó un 140%, pasando de 4.099 a casi 10.000 integrantes. Asimismo, su influencia territorial se duplicó, extendiéndose de 145 municipios en 13 departamentos en 2022, a 296 municipios en 17 departamentos para el año 2025.
