La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes la acusación constitucional presentada contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric. El libelo, que fue impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, sectores de extrema derecha, contó con el respaldo de 77 parlamentarios, entre los cuales se encuentra la mayoría de los oficialistas y miembros del Partido de la Gente, de tendencia populista. La iniciativa fue rechazada por 68 diputados, mayoritariamente de izquierda, mientras que se registró una abstención.
Tras una extensa jornada de discusión que se prolongó durante 10 horas, la acusación se traslada ahora al Senado. En la Cámara alta se llevará a cabo la discusión el próximo martes, donde se analizará la responsabilidad del exsecretario de Estado por presuntas infracciones a la Constitución y a las leyes en el ejercicio de la conducción de las finanzas públicas. De ser aprobada la medida por los senadores, Nicolás Grau quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante los próximos cinco años.
Al finalizar la votación, el exministro Grau manifestó su seguridad respecto al proceso, asegurando que acudirá al Senado junto a su equipo técnico para demostrar que la acusación carece de peso jurídico. Asimismo, expresó su agradecimiento a los diputados progresistas que votaron en contra del libelo.
Uno de los puntos centrales del debate fue el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). La oposición reiteró durante la jornada que el CFA había concluido el lunes pasado que no existían "inconsistencias" en las proyecciones emitidas en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), documento que constituye la base del libelo. El abogado defensor de Grau, el constitucionalista Patricio Zapata, enfatizó que el CFA fue citado al Congreso como una fuente definitiva y que su conclusión "le quita el piso a la acusación". Zapata destacó la "independencia encomiable" del organismo, señalando que este indicó textualmente no haber identificado inconsistencias aritméticas en las proyecciones publicadas en el informe de finanzas públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
En contraposición, el diputado republicano Benjamín Moreno, uno de los promotores de la acusación, sostuvo que existen incumplimientos claros en materia de probidad y transparencia fiscal que justifican el proceso.
El proceso no estuvo exento de tensiones internas en la oposición. Cinco diputados rompieron filas: Diego Schalper, Ximena Ossandón, Luis Pardo y Andrés Celis, todos pertenecientes a Renovación Nacional (RN), y Jorge Guzmán, de Evópoli. Por su parte, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, optó por la abstención. Diego Schalper, quien se desempeña como jefe de bancada de su partido, criticó la tendencia actual, afirmando que Chile no puede continuar con una "temporada de acusaciones constitucionales", calificando dicha práctica como propia de los "países bananeros". Schalper también hizo eco de los cuestionamientos de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien defendió la falta de mérito jurídico del libelo.
Esta postura generó fricciones con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado republicano Agustín Romero, quien criticó abiertamente la posición de Schalper. Esta situación ha provocado una tensión visible en la relación entre ambos partidos de Gobierno. Al respecto, la secretaria general de RN, Katherine Martorrell, señaló que esperan que el Partido Republicano contribuya a fortalecer la convivencia dentro del oficialismo y abandone las "prácticas de hostigamiento que solo generan divisiones innecesarias".
La acusación, redactada por los libertarios y extendiéndose por más de 40 páginas, se fundamenta en los antecedentes técnicos del IFP del cuarto trimestre de 2025 y su corrección posterior en 2026. El documento se estructura en cuatro capítulos acusatorios: el primero imputa a Grau la infracción del principio de probidad constitucional; el segundo, la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; el tercero, la vulneración del principio de universalidad presupuestaria; y el cuarto, el incumplimiento del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
El origen de esta controversia se remonta a fines de mayo, cuando el actual ministro de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, presentó el IFP del primer trimestre de 2026. En dicha instancia, Quiroz denunció supuestas "inconsistencias" en las estimaciones heredadas de la administración anterior. Específicamente, señaló una diferencia superior a los 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el periodo 2026-2030, además de un déficit estructural de cierre de 2025 del 3,7% del PIB, cifra que excede en más de dos puntos la meta vigente del 1,6%. Ante estos hallazgos, Quiroz anunció una investigación administrativa interna para determinar la responsabilidad y establecer si se trató de un error o de otros factores.
