La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo una diligencia judicial en las instalaciones del Congreso de la República, específicamente en el despacho de la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta. El procedimiento judicial incluyó tanto la inspección detallada de la oficina como el posterior sellamiento del recinto, en una medida coordinada por los funcionarios de la alta corporación.
Durante el desarrollo de la diligencia, los funcionarios judiciales se centraron en la recolección de evidencia digital. Según la información suministrada, se procedió a realizar una copia integral de la información almacenada en los computadores ubicados en el despacho de la representante. Esta acción forma parte de las actuaciones judiciales relacionadas con una investigación que surge a raíz del anuncio de la suspensión del cargo del presidente de la República, Gustavo Petro.
Fuentes consultadas indican que el propósito fundamental de esta operación es recaudar elementos probatorios que permitan avanzar en las investigaciones en curso sobre este caso. El objetivo central de la Corte es establecer con claridad cuáles fueron las actuaciones realizadas por la representante Gloria Arizabaleta dentro del proceso administrativo y judicial que involucra al jefe de Estado.
El origen de esta controversia jurídica se encuentra en las decisiones adoptadas por Gloria Elena Arizabaleta Corral en su calidad de representante investigadora. La funcionaria había expedido el Auto de Sustanciación 003, un documento cuyo propósito era complementar una providencia emitida anteriormente dentro del proceso que investiga la presunta participación en política del presidente de la República.
En dicho documento, la representante Arizabaleta ordenó que la actuación fuera remitida a la plenaria de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El objetivo de este traslado era que el caso fuera sometido a un proceso de consulta. Asimismo, la representante dispuso que se comunicara formalmente esta decisión al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, fundamentando su acción en lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política.
Es importante precisar que el Auto de Sustanciación 003 complementaba lo ya dispuesto en el Auto 002, fechado el 10 de junio de 2026. A través de ese documento previo, se había determinado la suspensión provisional del mandatario Gustavo Petro dentro de una investigación disciplinaria. Dicho proceso fue iniciado de oficio debido a una presunta falta gravísima relacionada con la participación en política, lo que desencadenó la crisis institucional actual.
La actuación de la representante Arizabaleta, y posteriormente la intervención de la Corte Suprema de Justicia, han abierto un intenso debate tanto en el ámbito jurídico como en el político. La discusión se centra principalmente en el alcance y los límites de las facultades de la Comisión de Acusación, así como en el trámite legal y constitucional que debe seguirse para ejecutar una eventual sanción contra el presidente de la República.
Con el sellamiento de la oficina y la extracción de datos informáticos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema busca esclarecer si los procedimientos seguidos por la representante investigadora se ajustaron a la normativa vigente o si hubo irregularidades en el trámite de la suspensión del jefe de Estado. El caso permanece bajo el escrutinio de las autoridades judiciales mientras se analizan las pruebas recolectadas en el despacho del Congreso.
