El sistema penitenciario venezolano vuelve a estar en el centro de las denuncias humanitarias tras confirmarse el fallecimiento de Yonny José Bastidas Briceño, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”. El recinto, ubicado en la localidad de Santa Ana, estado Táchira, fue el escenario donde el interno perdió la vida debido a un cuadro de peritonitis aguda, sumado a otras complicaciones de salud que no pudieron ser atendidas a tiempo.
De acuerdo con la información suministrada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el deceso de Bastidas Briceño no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una ausencia de atención médica integral dentro del penal. La organización denunció que el fallecimiento es el resultado de una desatención sistemática por parte de las autoridades responsables de la custodia y el bienestar de los privados de libertad.
El reporte del OVP pone el foco sobre las condiciones críticas de infraestructura y habitabilidad en el Centro Penitenciario de Occidente I. Según los datos recabados por la organización, este centro registra un hacinamiento superior al 165 %, albergando actualmente a una población que supera los 1.400 reclusos. Esta saturación del espacio físico, sumada a la precariedad de los servicios básicos, agrava la vulnerabilidad de los internos ante enfermedades que, con el tratamiento adecuado, podrían ser controlables o curables.
La muerte de Yonny José Bastidas Briceño se suma a una estadística alarmante reportada por el Observatorio. Según los registros de la entidad, la cifra de fallecidos en los centros penitenciarios de Venezuela asciende a 27 personas únicamente en el periodo comprendido entre abril y junio de 2026. Esta cifra refleja una tendencia persistente de mortalidad en los recintos carcelarios del país.
Específicamente, durante el mes de junio, se documentaron otros tres casos de fallecimientos que subrayan la gravedad de la situación. Entre las víctimas se encuentran Yosevet de Jesús Lozada, quien estaba recluido en Rodeo III; Alberto Rafael Solarte Cabrera, quien se encontraba en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, anteriormente conocido como la cárcel de El Marite en el estado Zulia; y Fabiana Desiree Páez Fernández, quien falleció en La Crisálida. En el caso de Páez Fernández, el OVP destacó un dato relevante: se trata de la primera mujer documentada en haber fallecido en dicho recinto.
El análisis del OVP se apoya en datos recolectados previamente. En su informe anual de 2025, la organización señaló que el 95 % de las muertes de reclusos en Venezuela fueron provocadas por la falta de atención médica. Esta cifra evidencia que la salud es la principal carencia dentro de las cárceles, convirtiéndose en la causa predominante de la pérdida de vidas humanas bajo custodia estatal.
La ONG recordó que las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de dependencia absoluta respecto al Estado. Es la administración pública la responsable directa de garantizar los suministros básicos, la alimentación, el acceso a servicios de salud y, en general, las condiciones dignas de vida que exige la ley y los tratados internacionales.
En este sentido, el Observatorio Venezolano de Prisiones fue enfático al señalar que cualquier fallecimiento bajo custodia estatal, especialmente cuando ocurre por causas como la desnutrición o la falta de asistencia médica, representa una vulneración directa de los deberes de protección que el Estado debe brindar a cualquier ciudadano, independientemente de su condición jurídica. El caso de Bastidas Briceño en Táchira es, para la organización, un ejemplo más de cómo la omisión de estas responsabilidades conduce a desenlaces fatales.
