La asambleísta Liliana Durán, integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana, ha presentado una solicitud formal ante la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, con el objetivo de obtener la trazabilidad completa de todos los trámites y denuncias interpuestas por la activista Monika Silva. El requerimiento, efectuado este martes 23 de junio, se centra en el periodo comprendido desde el año 2023 hasta la fecha del fallecimiento de la veedora ciudadana.
Esta petición busca reconstruir minuciosamente el recorrido administrativo de las solicitudes de fiscalización y la totalidad de los documentos que fueron entregados por la ciudadana de nacionalidad polaca. A través de este requerimiento, Durán solicita la entrega de copias íntegras de todos los escritos, correos electrónicos, peticiones y comunicaciones oficiales que Silva haya presentado ante el organismo legislativo. La activista se desempeñaba como líder de la fundación La Integridad y actuaba como veedora ciudadana en Ecuador.
Dentro de los puntos específicos de la solicitud, la legisladora requiere la verificación de si dichos documentos ingresaron y fueron procesados en instancias clave de la Asamblea Nacional. Entre ellas se encuentran la Presidencia de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización y Control Político, la Comisión de Transparencia y la Secretaría General. Para facilitar este análisis, Durán ha solicitado que se le entregue una matriz consolidada que detalle las fechas de ingreso de cada documento, los números de trámite asignados y el estado actual de cada uno de los procesos.
El argumento central de la asambleísta es la necesidad urgente de esclarecer el destino de las alertas sobre presuntos casos de corrupción que Monika Silva presentó ante el Legislativo. Según el documento remitido, Silva habría dirigido múltiples solicitudes de fiscalización a figuras clave de la institución, incluyendo al entonces presidente Niels Olsen, al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, y a Diana Jácome, quien fungía como presidenta de la Comisión de Transparencia. La intención de la legisladora es determinar si estas denuncias recibieron el procesamiento legislativo correspondiente o si fueron ignoradas.
Este movimiento legislativo surge en un contexto crítico tras el fallecimiento de Monika Silva, quien fue hallada sin vida en su domicilio el 8 de junio de 2026, en la provincia de Santa Elena. Los resultados de la autopsia practicada a la activista polaca han sido determinantes, concluyendo que su muerte fue consecuencia de un acto violento y descartando la hipótesis del suicidio.
El caso ha trascendido las fronteras ecuatorianas, generando una considerable atención diplomática y social. Debido a la naturaleza de la muerte de Silva, la Unión Europea y el Gobierno de Polonia han emitido pronunciamientos exigiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, transparente y exhaustiva. Como parte de este seguimiento, una comitiva que incluyó al embajador de Polonia en Lima, Adam Bozko, se trasladó al sector El Tigrillo, en Montañita, lugar donde residía la activista.
Paralelamente, diversas organizaciones de derechos humanos han intervenido en el caso. Colectivos como el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) han solicitado que las investigaciones sobre el deceso se realicen siguiendo estrictamente el protocolo de femicidio. Estas organizaciones subrayan la importancia de evaluar si existen vínculos directos entre la muerte violenta de Silva y su labor de control social, ya que la activista había presentado reiteradas alertas sobre presuntos nexos entre funcionarios públicos y redes de corrupción.
Finalmente, la asambleísta Liliana Durán ha enfatizado la importancia de reconstruir la "hoja de ruta" administrativa de cada trámite para determinar su efectivo ingreso y el seguimiento que se le dio. A través de sus canales oficiales, la legisladora ha cuestionado el silencio institucional, señalando que los ciudadanos ecuatorianos merecen conocer quién recibió los documentos, qué acciones se tomaron al respecto y las razones por las cuales no hubo respuestas públicas sobre las denuncias de la veedora ciudadana.
