México conmemora este mes 24 años desde que se reconoció y comenzó a ejercerse plenamente el derecho a saber. Sin embargo, esta fecha coincide con un momento de profunda transición y debate nacional debido a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). De acuerdo con Julieta del Río, excomisionada del organismo, la extinción de esta institución no representa únicamente el cierre de una entidad administrativa, sino que abre una discusión fundamental sobre el destino del derecho a la información en el país.
Durante más de dos décadas, el acceso a la información pública se consolidó como una de las herramientas más potentes para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Este mecanismo permitió acercar a la ciudadanía a las decisiones gubernamentales, transformando la relación entre el Estado y los gobernados. A través de este derecho, diversos sectores de la sociedad, incluyendo a periodistas, académicos, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y ciudadanos comunes, lograron acceder a datos e información que anteriormente permanecían ocultos y fuera del escrutinio público.
La evolución de la legislación en materia de transparencia en México ha sido un reflejo del proceso de consolidación democrática del país. Este camino legislativo transitó desde la Ley Federal de Transparencia de 2002 hasta la implementación de la Ley General de Transparencia en 2015. Dicha evolución respondió a una demanda social creciente por contar con gobiernos más abiertos, lo que permitió fortalecer los mecanismos institucionales para el acceso a la información y ampliar la protección de los datos personales. Gracias a este marco normativo, México llegó a ser considerado un referente regional en temas de transparencia.
No obstante, este modelo construido a lo largo de los años ha sufrido un cambio profundo con la desaparición del organismo constitucional autónomo a nivel nacional, así como de diversos organismos garantes en los estados. El núcleo del debate actual no se centra exclusivamente en la existencia de una institución, sino en las condiciones reales bajo las cuales se garantizarán los derechos fundamentales que, a pesar de la desaparición del organismo, siguen plenamente reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A más de un año de haber iniciado este proceso de transición, se observa un panorama desigual en el territorio nacional. La implementación de los nuevos modelos ha variado significativamente entre las entidades federativas. Mientras que algunas entidades trasladaron con rapidez las funciones de transparencia a dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo, otras han optado por mantener esquemas transitorios o mecanismos que conservan distintos niveles de autonomía. Esta disparidad institucional ha provocado un estado de incertidumbre jurídica y ha generado desafíos operativos considerables. Asimismo, surgen dudas razonables sobre si estos nuevos modelos tienen la capacidad de ofrecer garantías equivalentes a las que existían anteriormente.
El legado dejado por el INAI es considerable y difícil de ignorar en el análisis actual. Antes de concluir sus funciones, el organismo resolvió más de 350 mil recursos de revisión y participó en la atención de más de 10 millones de solicitudes presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Estas cifras no son meros datos estadísticos; representan historias concretas de investigaciones periodísticas, exigencias ciudadanas de rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas frente al uso indebido de sus datos personales.
En la actualidad, el desafío primordial no radica en determinar quién es el encargado de administrar los mecanismos de transparencia, sino en asegurar que estos sigan siendo accesibles, efectivos y, sobre todo, independientes de los intereses políticos del momento.
La premisa fundamental es que los derechos no desaparecen junto con las instituciones que los protegen. El acceso a la información y la protección de datos personales continúan siendo herramientas indispensables para equilibrar el ejercicio del poder y fortalecer la democracia. Por ello, resulta imperativo socializar la importancia de ambos derechos en la sociedad actual, entendiendo que cuando una sociedad pierde la capacidad de preguntar, comienza inevitablemente a perder su capacidad de exigir cuentas a quienes gobiernan.
