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Necropsias revelan ejecución brutal de cinco jóvenes por militares en Colcabamba

Horror. Los médicos legistas concluyeron que los efectivos del Ejército dispararon a sus víctimas en la cabeza y en el tórax con el objetivo de que nadie quedara con vida. Usaron a corta distancia los fusiles belgas Scar-L, con un alcance de hasta 600 metros.

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Necropsias revelan ejecución brutal de cinco jóvenes por militares en Colcabamba
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Cinco jóvenes fueron ejecutados brutalmente en Colcabamba por ocho militares que dispararon deliberadamente contra zonas vitales para asegurar su muerte. Los informes forenses revelan que los efectivos utilizaron fusiles de asalto a menos de 50 metros de distancia, vaciando gran parte de sus cargadores sobre civiles desarmados, en una acción descrita como una neutralización sistemática del enemigo. La justicia ha dictado 12 meses de prisión preventiva para los imputados por el delito de homicidio calificado, tras desmentirse la versión oficial del Ejército y la Policía. Las autoridades habían intentado encubrir la masacre alegando legítima defensa contra narcotraficantes, pero las pericias confirmaron que las víctimas no portaban armas ni droga, y que los militares consumieron el 47 por ciento de su munición en el ataque.

Los informes médicos legistas han arrojado luz sobre la naturaleza del ataque que terminó con la vida de cinco jóvenes en Colcabamba. Los especialistas encargados de las necropsias de ley fueron categóricos al concluir que los autores del crimen dispararon con un objetivo único y preciso: asegurar que ninguna de las víctimas quedara con vida.

Según los hallazgos forenses, todas las víctimas recibieron disparos mortales en zonas vitales, específicamente en la cabeza y el tórax, o en ambas regiones. Esta distribución de los impactos indica que los atacantes buscaron anular cualquier posibilidad de reacción por parte de los jóvenes. El análisis sugiere que los perpetradores actuaron como si se enfrentaran a un grupo armado, a pesar de que ninguno de los civiles portaba arma de fuego alguna.

En contraste, los ocho efectivos de la patrulla de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 estaban equipados con fusiles de asalto Scar-L de fabricación belga, calibre 5.56x45 mm. Este armamento, adquirido por el Ejército en 2013 para operar en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), posee un alcance efectivo de 600 metros y una velocidad de proyectil de 875 metros por segundo. No obstante, los peritajes indican que la distancia entre los militares y la camioneta donde viajaban las víctimas era inferior a los 50 metros, lo que resultó en un impacto devastador en los cuerpos.

Los médicos legistas, doctores Jesús Villarreal Parra, Lizet Arteaga Mascaró y Milton Hurtado Vila, describieron la acción como brutal. En el informe oficial se señala que la causa directa de todas las muertes fueron lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego con compromiso de estructuras anatómicas vitales. Los profesionales destacaron que los militares no intentaron detener el vehículo disparando a los neumáticos, sino que prácticamente vaciaron sus cargadores contra los ocupantes.

El documento médico detalla traumatismos severos localizados en la región craneoencefálica y el tórax, afectando órganos críticos como el encéfalo, el corazón y los pulmones, además de provocar cuadros hipovolémicos debido a la grave pérdida de sangre. Los especialistas subrayaron que las heridas son coincidentes entre las cinco víctimas, lo que demuestra que los militares aplicaron una práctica común diseñada para neutralizar al enemigo, concentrando los impactos en zonas de alta relevancia funcional para provocar la pérdida inmediata de funciones vitales.

Estas conclusiones fueron fundamentales para el fiscal especializado en Derechos Humanos de Junín, Johel Chamorro Macukachi. El fiscal utilizó las necropsias en la disposición emitida el 1 de junio, imputando a los ocho militares el delito de homicidio calificado. Durante la audiencia judicial, el fiscal ratificó estas pruebas ante el juez José Matos Centeno, quien posteriormente ordenó 12 meses de prisión preventiva para los imputados.

El fiscal Chamorro denunció además que los efectivos del Ejército entorpecieron las investigaciones. El jefe de la patrulla, capitán EP Luis Montenegro Pardo, y los otros siete implicados se abstuvieron de responder a las preguntas de la fiscalía durante las diligencias, manteniendo un silencio coordinado.

Asimismo, se ha evidenciado un intento de encubrimiento por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En sus primeros comunicados, atribuyeron el suceso a un ataque de presuntos narcotraficantes y alegaron que los militares actuaron en legítima defensa. Sin embargo, las pericias desmintieron esta versión, confirmando que los civiles no dispararon y que no se encontró ni un gramo de cocaína en la camioneta.

Testigos informaron a la fiscalía que los militares entraron en pánico al descubrir la ausencia de droga, pues la policía les había indicado que transportarían 500 kilos. Incluso, se reportó que volvieron a disparar contra la camioneta por la decepción de no hallar el estupefaciente. Finalmente, el registro de municiones reveló que de los 3,320 proyectiles asignados a la patrulla, solo guardaban 1,569, lo que significa que utilizaron el 47% de su munición en el ataque.

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