El Poder Judicial ha dictado 12 meses de prisión preventiva para ocho efectivos militares pertenecientes a la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31, implicados en la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba. Esta decisión fue tomada por el juez José Matos Centeno, luego de que el fiscal especializado en Derechos Humanos de Junín, Johel Chamorro Macukachi, imputara a los procesados el delito de homicidio calificado, basándose en pruebas periciales que contradicen la versión oficial del Ejército.
La clave del caso reside en los protocolos de necropsia realizados por los médicos legistas Jesús Villarreal Parra, Lizet Arteaga Mascaró y Milton Hurtado Vila. Los profesionales fueron categóricos al concluir que los autores del crimen dispararon con un objetivo único y claro: asegurar que ninguna de las víctimas quedara con vida. Según los informes médicos, los cinco jóvenes recibieron disparos mortales en la cabeza y el tórax, o en ambas zonas vitales, eliminando cualquier posibilidad de reacción.
El análisis médico-legal evidencia que la totalidad de las muertes fueron causadas directamente por lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego que comprometieron estructuras anatómicas críticas. Los especialistas describieron un patrón consistente de ataques concentrados en la región craneoencefálica, centro neurológico esencial cuya afectación produce la pérdida inmediata de las funciones vitales, y en el tórax, donde las lesiones comprometieron la circulación y la respiración. Esta distribución anatómica de las heridas demuestra que los perpetradores respondieron a una práctica común para neutralizar al enemigo.
La brutalidad del ataque se vio potenciada por el armamento utilizado. Los ocho efectivos de la patrulla estaban provistos de fusiles de asalto Scar-L de fabricación belga, calibre 5.56x45 mm, adquiridos por el Ejército en 2013 para operaciones en el Vraem. Estas armas cuentan con un alcance efectivo de 600 metros y una velocidad de proyectil de 875 metros por segundo. Sin embargo, en el momento del ataque, la distancia entre los militares y la camioneta donde viajaban las víctimas era de menos de 50 metros, lo que provocó que el impacto de las balas fuera devastador en los cuerpos.
La fiscalía destacó que los militares no intentaron detener el vehículo disparando a los neumáticos, sino que dirigieron sus fusiles directamente hacia las personas, prácticamente vaciando sus cargadores. De acuerdo con los reportes del Ejército, a los efectivos se les asignaron 3,320 proyectiles, pero al ser intervenidos guardaban 1,569, lo que significa que utilizaron el 47% de su munición en el ataque. Los peritajes balísticos confirmaron que los fusiles incautados habían sido usados recientemente.
Esta evidencia desmiente tajantemente la versión difundida inicialmente por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En sus comunicados, las instituciones aseguraron que una patrulla militar fue atacada por presuntos integrantes de redes de narcotráfico y que los efectivos actuaron en legítima defensa ante un riesgo real e inminente. No obstante, las pericias indican que los ocupantes de la camioneta no portaban armas de fuego ni dispararon contra los militares.
Asimismo, se reveló que el móvil del ataque fue la creencia errónea de que en el vehículo se transportaba un cargamento de droga, basándose en información policial que indicaba el traslado de 500 kilos de estupefacientes en la zona. Al percatarse de que no había ni un gramo de cocaína en el interior, testigos declararon que los efectivos entraron en pánico y, en un acto de decepción, volvieron a disparar contra la camioneta.
Durante el proceso judicial, el capitán EP Luis Montenegro Pardo, jefe de la patrulla, y los otros siete implicados mantuvieron una postura de silencio, absteniéndose de responder a las preguntas de la fiscalía. El fiscal Chamorro señaló que, lejos de colaborar con las investigaciones, los militares entorpecieron las pesquisas, lo que reforzó la solicitud de prisión preventiva para evitar la obstaculización de la justicia.
