La situación del servicio de energía eléctrica en Honduras atraviesa un proceso de deterioro continuo, afectando severamente la operatividad de empresas, negocios y comercios, especialmente en las regiones del Valle de Sula y el Occidente del país. Ante la frecuencia de los apagones, diversos dirigentes empresariales y líderes ciudadanos han elevado una exigencia directa al Congreso Nacional: la suspensión de las vacaciones de medio año ya anunciadas para proceder con la aprobación de las reformas energéticas necesarias para rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Actualmente, los diputados se disponen a iniciar un periodo de receso legislativo que se extenderá por casi un mes. Esta pausa ocurre en un momento crítico, ya que el proyecto de reformas energéticas ha superado dos debates, quedando pendiente el tercer y decisivo debate, cuya votación ha sido postergada hasta el regreso de los legisladores en el mes de julio.
En las últimas semanas, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ha manifestado su creciente malestar debido a que las interrupciones del fluido eléctrico son cada vez más constantes y los periodos de resolución de las fallas se han vuelto prolongados. Este escenario resulta particularmente lamentable para los sectores productivos, dado que en la agenda mediática se ha discutido ampliamente una iniciativa de reformas que permitiría liberalizar el mercado eléctrico e iniciar una ruta formal de recuperación para la estatal ENEE.
El estado financiero de la ENEE es alarmante. Se reportan pérdidas que alcanzan el 38 %, lo que se traduce en un perjuicio económico diario estimado en cerca de 50 millones de lempiras. Las reformas propuestas buscan atacar este problema mediante la escisión de la estatal en tres entidades independientes dedicadas a la generación, la transmisión y la distribución. Es precisamente en el área de distribución donde se concentra la mayor parte de los problemas técnicos que afectan a los usuarios finales.
Esta iniciativa de reforma cuenta con un amplio respaldo interno y externo. Organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada han manifestado su apoyo a la medida. A nivel internacional, el proyecto tiene el aval del gobierno de Estados Unidos, así como de organismos multilaterales de peso, entre los que se encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Andina de Fomento (CAF).
A pesar del consenso nacional e internacional, el avance de la solución se ha visto frenado por las fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional. La falta de consensos necesarios, específicamente por parte de la bancada liberal, impidió que el tercer debate se sometiera a votación durante la última semana, trasladando la discusión para el mes de julio, después del receso.
El impacto económico de esta parálisis legislativa es tangible. Victorino Carranza, dirigente de las Mipymes, señaló que la inestabilidad del servicio eléctrico ha provocado el cierre de miles de negocios que habían logrado recuperarse previamente. Carranza reveló una cifra preocupante: tres mil microempresas han cesado sus operaciones desde el pasado 3 de febrero, debido a los apagones imprevistos y a un sistema de distribución intermitente que no solo detiene la producción, sino que causa daños severos en los equipos eléctricos.
Por su parte, Efraín Rodríguez, representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), instó a los diputados a posponer sus vacaciones. Rodríguez subrayó que los racionamientos actuales son más frecuentes y prolongados, generando una profunda preocupación entre los comerciantes, ya que la falta de energía les impide vender sus productos y deteriora su maquinaria. Según sus estimaciones, solo en el Valle de Sula, las pérdidas mensuales para las Mipymes a causa de los apagones ascienden a 100 millones de lempiras.
La crisis se ha extendido ahora hacia el occidente del país. Pobladores y comerciantes de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y Lempira han denunciado que los cortes de energía ocurren de manera repentina y que el personal técnico de la ENEE tarda varias horas en restablecer el servicio.
La propia Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha reconocido la gravedad de la problemática. La estatal justificó estas fallas argumentando que las líneas de transmisión se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y requieren una actualización urgente. En términos cuantitativos, la ENEE reveló que entre enero y lo que va de junio del presente año se han registrado 27 fallas, las cuales generaron un total de 9,905 minutos de indisponibilidad del servicio.
