La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este jueves un extenso conjunto de reformas diseñadas para impulsar la economía de la isla, la cual se encuentra severamente afectada por un bloqueo petrolero y diversas sanciones promovidas por el gobierno de Estados Unidos. Estas medidas, propuestas por el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, comprenden un total de 176 acciones distribuidas en 23 ejes temáticos que abarcan aspectos económicos, sociales y la organización del aparato estatal.
Según las declaraciones del presidente Díaz-Canel, el objetivo primordial de estas reformas es dotar al país de las herramientas necesarias para enfrentar uno de sus periodos más críticos. El mandatario señaló que Cuba no solo lidia con el embargo económico impuesto por Washington desde la década de 1960, sino que actualmente enfrenta presiones adicionales que incluyen restricciones al suministro de combustibles, sanciones dirigidas a sectores estratégicos y una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro.
Durante el cierre de la sesión parlamentaria, Díaz-Canel enfatizó que Cuba diseña y propone estos cambios de manera soberana para superar la crisis derivada de la "agresividad externa" y las "insuficiencias internas", asegurando que estas transformaciones cuentan con el respaldo del pueblo. El presidente hizo un llamado a la ciudadanía no solo a resistir, sino a crear, producir, decidir y transformar, afirmando que el país cambia para levantarse, vivir mejor y seguir siendo libre.
El paquete de reformas, presentado ante la Asamblea por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y detallado en el periódico oficial Granma, busca abrir una economía que hasta ahora permanece bajo control estatal. Entre las medidas más destacadas se encuentra la facilitación para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se permitirá que los ciudadanos cubanos sean titulares o posean acciones en más de una de estas entidades y se reducirá la lista de actividades prohibidas para el sector privado.
En el ámbito energético, las reformas contemplan la participación de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, en la importación y comercialización de combustibles. Díaz-Canel aclaró que esto no implica que el Estado se retire de un sector estratégico, sino que busca sumar capacidades para ordenar la distribución y mejorar el acceso de la población a los energéticos. De igual forma, se plantea la creación de un nuevo mercado cambiario y de remesas abierto a particulares, lo que incluye la concesión de licencias para la operación de casas de cambio privadas.
Respecto a la inversión, el plan prevé que personas jurídicas nacionales y extranjeras puedan adquirir acciones y propiedades de empresas estatales. También se permitirá el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas, se invitará a franquicias de alimentos ligeros a invertir en la isla y se licitarán espacios como zoológicos, acuarios, parques recreativos, unidades de alojamiento y áreas protegidas. Además, Cuba buscará generar ingresos promoviendo franquicias de marcas cubanas en el exterior. En cuanto a la organización del Estado, los gobiernos provinciales y consejos municipales tendrán ahora la facultad de crear, fusionar o liquidar empresas estatales locales.
Desde Estados Unidos, la reacción ha sido escéptica. Un portavoz del Departamento de Estado informó a CNN que estas reformas son "modestas, largamente esperadas y superficiales señales de humo". El vocero afirmó que este anuncio es parte de un "manual de la dictadura" para insinuar cambios que luego son revertidos cuando el control del régimen se siente amenazado. Asimismo, señaló que el presidente Donald Trump mantiene la presión para lograr reformas políticas y económicas más sustanciales que permitan el crecimiento de los negocios privados y brinden libertad y dignidad al pueblo cubano.
Este contexto de reformas ocurre mientras Cuba enfrenta una crisis económica y social aguda. En enero, tras la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense, Cuba perdió a su principal proveedor de petróleo. Posteriormente, otras fuentes de suministro se vieron afectadas debido a que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran hidrocarburos a la isla. Washington justifica estas acciones argumentando que Cuba es una amenaza para su seguridad nacional al permitir la operación de grupos terroristas, señalamiento que La Habana niega.
La falta de combustible ha provocado escasez y fallos en servicios básicos como la salud, la educación y el transporte, situación que solo se alivió parcialmente a finales de marzo con la llegada de 100,000 toneladas de crudo ruso. Internamente, se reporta falta de insumos básicos y un agravamiento de los apagones eléctricos.
Especialistas como el analista político José Azel cuestionan la efectividad de estas medidas. Azel sostiene que el capital extranjero no llegará sin garantías jurídicas más fuertes y advierte que las sanciones estadounidenses contra instituciones como el Grupo de Administración Empresarial (GAESA) —un conglomerado militar— desincentivan la inversión. Según Azel, invertir en Cuba implica negociar con el Gobierno y entidades como GAESA, y no con agentes libres.
Finalmente, mientras Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio insisten en la necesidad de cambios profundos en el sistema político cubano, el Gobierno de la isla se prepara para implementar estas reformas con la esperanza de oxigenar su economía, aunque gran parte de la población continúe percibiendo un deterioro constante en sus condiciones de vida.
