El juez Juan Carlos Peinado ha tomado la decisión de abrir una nueva pieza separada dentro del marco del proceso que afecta a Begoña Gómez. En esta nueva línea de investigación, el magistrado se centrará en determinar si el empresario aragonés Juan Carlos Barrabés cometió delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea en relación con diversas adjudicaciones que contaban con la financiación de fondos comunitarios.
Esta nueva vertiente judicial amplía el foco de las pesquisas, que hasta ahora se centraban en los polémicos contratos de Red.es obtenidos por Barrabés tras recibir cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según un informe de la Fiscalía Europea, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la investigación actual pone el énfasis en una adjudicación específica valorada en cuatro millones de euros, financiada a través de los fondos Feder.
La actuación del juez Peinado se produce tras la recepción de un escrito remitido por la Fiscalía Europea. En dicho documento se da cuenta de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el cual se detectaron diversas irregularidades en una adjudicación concedida a Barrabés, quien ya se encuentra imputado en el procedimiento principal que involucra a Begoña Gómez. Cabe destacar que, paralelamente, el juez celebró el pasado lunes una audiencia preliminar, trámite indispensable para el posible envío de la esposa del presidente a juicio, momento en el que las acusaciones populares solicitaron la retirada de su pasaporte.
Es fundamental precisar que esta nueva pieza separada no afecta a la instrucción contra Begoña Gómez, la cual ya ha sido concluida. A través de una resolución breve de dos párrafos, el magistrado Peinado ha solicitado la opinión de la Fiscalía de Madrid sobre esta línea de investigación que, en este punto, concierne exclusivamente a la figura de Juan Carlos Barrabés.
El núcleo de la investigación es un contrato adjudicado por la empresa pública Red.es a una Unión Temporal de Empresas (UTE). Esta UTE estaba integrada por la consultora KPMG y la empresa Innova Next, propiedad del empresario aragonés. El expediente en cuestión, financiado con fondos comunitarios Feder, corresponde al «Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento», cuya publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea tuvo lugar el 4 de junio de 2020, con un presupuesto base de licitación que superaba los cuatro millones de euros. Ante estos hechos, fuentes cercanas a Begoña Gómez han insistido en que ella no mantiene relación alguna con este asunto concreto.
El decreto emitido por la Fiscalía Europea el pasado 8 de junio detalla que el informe policial revela una presunta manipulación en el proceso de adjudicación. Según el documento, el informe de valoración habría omitido deliberadamente la inexistencia de un «libro blanco», requisito que era estrictamente necesario y exigido en los pliegos para ser puntuado en el criterio 3. De este criterio dependían los juicios de valor que permitieron que la UTE integrada por KPMG e Innova Next obtuviera la máxima nota, resultando así adjudicataria del contrato.
El informe de la UCO subraya que, tras analizar los borradores del informe de valoración intercambiados por los evaluadores, se observan comentarios que sirvieron de base para las valoraciones finales. En uno de estos borradores se mencionaba explícitamente que la UTE no había incluido el mencionado Libro Blanco, hecho que, según la investigación, fue ocultado intencionadamente en los informes finales para evitar que otros licitadores detectaran la irregularidad.
La Fiscalía Europea detectó estas posibles anomalías al analizar correos electrónicos relativos a los procedimientos investigados por el organismo comunitario. Se observó que el firmante de los informes de valoración en tres procedimientos distintos fue la misma persona, el investigado Luis Prieto.
Desde la Fiscalía Europea se valoró que estos hechos fueran «indiciariamente constitutivos de infracción penal», señalando que la omisión deliberada de datos en el informe de valoración tenía como objetivo beneficiar a un licitador concreto, el mismo que ya había sido beneficiado en otros hechos investigados. Inicialmente, el órgano europeo asumió una parte del caso, específicamente los contratos de Barrabés pagados con fondos Next Generation.
No obstante, este proceso judicial ha tenido complicaciones procesales. La defensa de Barrabés recurrió la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la investigación. La Audiencia Nacional estimó dicha impugnación y revocó el decreto dirigido al juez Peinado, argumentando que el expediente ya había sido tratado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Finalmente, se ha revelado que el origen de esta nueva pieza se encuentra en una denuncia presentada por la organización Hazte Oír ante el organismo comunitario.
