El panorama electoral en Venezuela enfrenta un escenario de incertidumbre donde la convocatoria a nuevos comicios presidenciales podría no ocurrir en 2027, y posiblemente tampoco en 2028. De acuerdo con el análisis del director de Pedagogía Económica y Política, Víctor Álvarez R., la realización de elecciones quedaría supeditada a la culminación de un complejo proceso de ajuste económico y a que la Administración Trump declare finalizada la segunda fase de recuperación del país.
Esta postura encuentra eco en las declaraciones de figuras clave de la política estadounidense. Marco Rubio, al referirse a la tercera fase de la transición democrática en una entrevista con Fox News, señaló que, si bien no desea esperar demasiado para que se produzca una transición, tampoco quiere actuar con una rapidez que pueda provocar el desmoronamiento del proceso. En sintonía con esta visión, congresistas republicanos y figuras como María Elvira Salazar, quienes previamente presionaban por la convocatoria electoral, habrían aceptado la posibilidad de que las presidenciales se pospongan, incluso hasta el año 2028.
La razón fundamental de este aplazamiento radica en la complejidad de la etapa de recuperación económica, la cual podría extenderse por más de dos años. El proceso de ajuste conlleva un costo político y electoral elevado, manifestado generalmente en un fuerte impacto social que ningún actor político desea asumir en medio de un proceso electoral. Para sanear el déficit fiscal y detener el financiamiento basado en emisiones monetarias inflacionarias, el gobierno debería implementar medidas drásticas, tales como el sinceramiento de las tarifas de servicios públicos (electricidad, agua, gas y telecomunicaciones), la eliminación de subsidios a la gasolina, la privatización de empresas públicas, la fusión de ministerios y la reducción general del gasto público.
Hasta el momento, las medidas económicas aplicadas han sido reactivas, desarticuladas y aplicadas a cuentagotas, lo que ha impedido una recuperación estable. Para lograr un cambio sostenido, se requeriría un Programa de Reformas Económicas con un orden lógico y una velocidad adecuada. En este contexto, Estados Unidos gestiona la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que se encargaría de supervisar el diseño y la ejecución de dicho programa de ajuste.
Desde una perspectiva estratégica, convocar a elecciones antes de ejecutar este "trabajo sucio" del ajuste económico supondría un riesgo elevado. Un nuevo gobierno recibiría una economía sin sanear, instituciones débiles y una sociedad descontenta, lo que convertiría la gobernabilidad en un campo minado. Además, el chavismo, manteniendo el control de la mayoría de las alcaldías y gobernaciones, conservaría la capacidad de movilizar a la población para abortar las reformas económicas pendientes.
Esta lectura ha influido en la postura de María Corina Machado (MCM), quien ha dejado de exigir que se haga valer el resultado de las presidenciales de 2024 y ahora se anuncia como candidata. La estrategia consistiría en permitir que el chavismo asuma el costo político de las duras medidas de ajuste, evitando que una eventual gestión de Machado herede una "bomba de tiempo" que podría estallar en sus primeros 100 días y restaurar el orden anterior.
En el ámbito legal interno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría facilitado este camino al declarar la "ausencia forzada" de Nicolás Maduro, evitando declarar una "ausencia absoluta". Esta interpretación legal impide la activación automática del plazo para convocar nuevas elecciones y abre la posibilidad de que Delcy Rodríguez complete el período constitucional hasta el año 2030.
Paralelamente, la tutela de Estados Unidos se manifiesta a través de la Orden Ejecutiva 14373 y las licencias de la OFAC. Estos mecanismos funcionan como filtros para alinear la industria petrolera venezolana con los intereses geopolíticos y energéticos estadounidenses. Marco Rubio ha enfatizado que la recuperación de la autonomía venezolana no será inmediata y debe pasar por este filtro de "administración estratégica".
En conclusión, el proceso actual en Venezuela no se define como una transición democrática, sino como una normalización de un país tutelado. La viabilidad económica se ha vuelto el requisito previo a la legitimidad democrática, planteando un escenario de cambio económico sin cambio político inmediato, donde las elecciones se convocarán únicamente cuando se haya completado el programa de ajuste, previendo que esto no ocurra antes del segundo semestre de 2028.
