El Ministerio de Educación (Minedu) ha implementado una modificación significativa en el Reglamento de la Ley 28628, normativa que regula el funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa). Esta medida tiene como objetivo central fortalecer la participación de los núcleos familiares en el proceso educativo y optimizar la gestión administrativa y económica de estas organizaciones, buscando siempre el beneficio directo de los estudiantes.
La actualización normativa ha sido oficializada a través del Decreto Supremo N.º 007-2026-MINEDU, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano. Según ha detallado la entidad rectora del sector educación, esta modificación responde a una necesidad imperativa de adecuar un marco normativo que contaba con dos décadas de vigencia. El Minedu reconoce que, durante estos veinte años, tanto las instituciones educativas como las dinámicas internas de las familias en el país han experimentado cambios profundos que requerían una respuesta legal actualizada.
Sobre esta disposición, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, enfatizó que la educación debe ser entendida como una tarea compartida entre la escuela y las familias. En sus declaraciones, la titular del sector señaló que, mediante esta actualización, se busca fortalecer el rol de los padres, madres y tutores, considerándolos aliados fundamentales para garantizar la formación y el bienestar integral de los estudiantes.
Desde una perspectiva estratégica, la mejora del reglamento de la ley de las Apafa es vista como una herramienta para elevar la calidad del sistema educativo. Al fortalecer la participación de las familias, se establece un mecanismo más efectivo de gobernanza escolar, promoviendo la corresponsabilidad y la mejora continua de los aprendizajes dentro de las aulas.
Uno de los cambios más destacados de la nueva norma es la ampliación de quiénes pueden representar a la familia ante la Apafa. Anteriormente, la representación estaba más restringida, pero ahora el reglamento permite que otros familiares o personas vinculadas estrechamente al estudiante, tales como abuelos, hermanos, tíos o apoderados, asuman este rol. Esta medida busca ampliar las posibilidades de participación real en la vida escolar, reconociendo que no siempre son los padres quienes pueden asistir o gestionar los asuntos educativos debido a diversas circunstancias.
En cuanto a la gestión económica, la normativa introduce mejoras para facilitar el cumplimiento de los aportes. Con el fin de no afectar la trayectoria educativa de los alumnos, se han incorporado alternativas flexibles para el pago de las cuotas, tales como el fraccionamiento de los montos o la posibilidad de realizar compensaciones mediante la prestación de servicios. Paralelamente, se ha reforzado el principio de transparencia, otorgando mayores facultades de fiscalización a los Consejos de Vigilancia para asegurar el uso correcto de los recursos.
La nueva regulación también aborda la continuidad administrativa de las asociaciones. Para evitar vacíos de poder o paralizaciones en la gestión, se han establecido medidas claras para regular la renuncia y el reemplazo de los directivos. Asimismo, se han implementado facilidades para la actualización de los padrones en aquellos casos donde no existan órganos de representación en funciones, asegurando que la Apafa siga operando legalmente.
Otro ajuste relevante es la modificación del calendario electoral. El proceso de elecciones de las Apafa, que anteriormente se iniciaba el 1 de octubre, ha sido adelantado al 1 de septiembre. Este cambio busca optimizar los tiempos de organización y gestión al inicio del ciclo escolar.
Finalmente, el Decreto Supremo incorpora disposiciones orientadas a promover entornos escolares saludables. Entre estas medidas, se establece que los quioscos escolares deben ofertar alimentos saludables para los estudiantes. Además, se exige que los procesos de licitación para estos servicios sean difundidos con anticipación y de manera visible dentro de las instituciones educativas, garantizando así la transparencia en la contratación de los proveedores de alimentos.
