El sistema de control migratorio en Chile se encuentra bajo un intenso escrutinio tras la revelación de graves falencias en la gestión de vuelos chárter provenientes de Puerto Príncipe, Haití, destinados a la reunificación familiar de menores de edad. Luis Thayer, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, confirmó que ya en el año 2023 su gestión había alertado al Ministerio Público sobre la existencia de posibles redes de tráfico o trata de personas involucradas en estos traslados, señalando directamente a agencias de viaje y líneas aéreas con sede en el país.
Esta situación ha cobrado nueva relevancia luego de que se filtrara un preinforme reservado de la Contraloría General de la República (CGR). El documento, derivado de una investigación especial, pone de manifiesto deficiencias críticas en el control de decenas de niños y en los procesos de autorización de los vuelos chárter. Según el organismo fiscalizador, existe una falla estructural de coordinación e interoperabilidad entre tres instituciones clave: la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI).
El preinforme de la Contraloría advierte que estas entidades no contaban con sistemas integrados que permitieran cruzar información básica, tales como las listas de pasajeros versus quienes efectivamente llegaban a las ventanillas de control o quienes finalmente ingresaban al territorio nacional. Uno de los casos más alarmantes detallados en el documento menciona a tres niños que arribaron al aeropuerto chileno cuando su padre, quien había originado el proceso de reunificación, había fallecido 30 días antes. El informe señala que no existe claridad por parte de la PDI ni del Servicio de Migraciones sobre el destino final de estos menores, ya que no fueron reconocidos en las direcciones indicadas.
Al respecto, Luis Thayer explicó que, en escenarios fortuitos como el mencionado, corresponde un control "in situ" realizado por la PDI para verificar que el menor sea entregado al adulto responsable y legalmente certificado. Thayer subrayó que, al tratarse de un preinforme, aún se debe esperar la versión final donde la PDI deberá entregar los antecedentes sobre a quiénes fueron entregados dichos niños.
Sobre el funcionamiento de la reunificación familiar, Thayer detalló que es un proceso donde padres con residencia definitiva en Chile solicitan visas temporales para sus hijos, previa presentación de certificados de nacimiento y acreditación de medios de vida. Una vez otorgada la visa, el traslado se realiza en vuelos chárter debido a la falta de rutas comerciales habituales. El control final de entrega del menor al padre o madre en el aeropuerto recae normalmente en la PDI; en caso de irregularidades o falta de acompañantes, el protocolo dicta la derivación inmediata a los tribunales de familia y a la Subsecretaría de la Niñez.
El exdirector también denunció irregularidades en las condiciones de vuelo. Indicó que las líneas aéreas han incumplido la norma que establece un máximo de tres o cuatro niños por cada adulto acompañante. Ante esto, Thayer afirmó que su gestión advirtió a la DGAC para que no autorizara vuelos de aerolíneas que no cumplieran con estos estándares de seguridad.
Como medida drástica para frenar estas irregularidades, Thayer reveló que a fines de agosto de 2025 se detuvo la tramitación de residencias para niños y niñas haitianos. Esta decisión fue tomada debido a la extrema dificultad para verificar la autenticidad de los documentos en Haití y a través del consulado, detectándose casos de documentación adulterada. El exdirector defendió esta acción como una medida necesaria para garantizar la certeza documental, a pesar del impacto que esto genera en el principio de reunificación familiar.
En cuanto a las responsabilidades institucionales, Thayer fue enfático en desglosar las funciones: la DGAC es la responsable de la autorización y seguridad de los vuelos; la PDI es la autoridad controladora de frontera encargada de verificar la documentación y la entrega de los menores; y el Servicio Nacional de Migraciones se encarga del análisis previo de los documentos de identidad y residencia.
Actualmente, el caso ha escalado a instancias judiciales. El Servicio Nacional de Migraciones ha presentado una denuncia penal, mientras que la Fiscalía ha abierto una investigación de oficio para esclarecer la posible operatividad de una red de tráfico de menores. Las investigaciones previas iniciadas en 2023, basadas en la información provista por la gestión de Thayer sobre agencias y aerolíneas sospechosas, continúan en curso y se espera que los nuevos antecedentes aceleren la resolución del caso.
