La organización no gubernamental venezolana Provea ha emitido un fuerte llamado a las autoridades para que se establezca una “transparencia absoluta” en relación con el reciente operativo militar llevado a cabo en una zona minera del sureste de Venezuela. Esta acción conjunta, coordinada entre los gobiernos de Washington y Caracas, culminó con la muerte de Héctor Guerrero, ampliamente conocido como el 'Niño Guerrero', quien era señalado como el líder máximo de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.
A través de un comunicado oficial, la ONG enfatizó que el pueblo venezolano posee el derecho fundamental de conocer con precisión los términos exactos, el alcance legal y la identidad de los mandos responsables de ejecutar dicha operación. Para Provea, la opacidad en torno a los detalles del despliegue militar genera incertidumbres graves sobre la legalidad del proceso.
En un análisis crítico de la situación, la organización advirtió que, basándose en la información disponible hasta el momento, los hechos podrían constituir una presunta y clara violación de la soberanía territorial de Venezuela. Asimismo, denunció una grave vulneración de los derechos humanos, señalando que el operativo podría haber derivado en la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial.
En este sentido, Provea subrayó que el Estado venezolano tiene la obligación ineludible de suministrar información fidedigna y verificable respecto al saldo humano del operativo. La organización exige que se revele el número exacto de personas fallecidas, heridas y detenidas, haciendo especial hincapié en la necesidad de asegurar la debida identificación de todas las víctimas involucradas en la acción militar.
La ONG recordó que ya el pasado martes había emitido una advertencia sobre la realización de un megaoperativo en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país. En aquella ocasión, Provea señaló que acciones similares ejecutadas anteriormente en la región habían dejado un rastro de cientos de abusos, lo que justifica la actual preocupación por la metodología empleada en la captura y muerte del líder criminal.
Por tales razones, la organización sostuvo que la acción del Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, traducirse en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles. Esta advertencia se extiende específicamente a aquellas personas que pudieran ser ajenas al conflicto con los grupos armados o las bandas criminales que operan en la zona, quienes a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado de estas operaciones.
Provea profundizó en el análisis sociopolítico de la región, afirmando que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela no son hechos aislados, sino el resultado directo de años de abandono estatal. Según la ONG, se ha implementado una política que priorizó la extracción opaca de recursos minerales por encima de la institucionalidad y el bienestar social.
El comunicado detalla que las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades básicas en estas zonas ricas en minerales, permitiendo que el territorio fuera penetrado por diversas economías criminales. Esta situación ha dejado a cientos de miles de pobladores en una condición de extrema vulnerabilidad, sin posibilidades reales de obtener respuestas efectivas o asistencia institucional frente a la confrontación armada.
Ante este escenario, Provea solicitó transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan la operación coordinada con Estados Unidos y pidió garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales. Debido a la gravedad de los hechos, la ONG exigió explicaciones formales al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González.
Sobre el origen de la operación, se recuerda que el pasado viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ataque calificado como “enérgico, rápido y letal” para ejecutar con éxito al líder de la banda, la cual es calificada como terrorista por Washington. El operativo en el estado Bolívar fue posteriormente confirmado por las autoridades en Caracas, mientras que Trump aseguró que la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela”.
Por su parte, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —quien asumió la jefatura del Estado tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado— indicó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado. Rodríguez explicó que se utilizaron mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países, quienes restablecieron sus relaciones diplomáticas en marzo, poniendo fin a una ruptura de siete años.
Finalmente, cabe destacar que este operativo militar se ejecutó apenas dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas, legislación que permite la entrada de inversores extranjeros a las zonas mineras del sureste del país.
