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Jueza ordena restaurar letreros en parques nacionales eliminados por la administración Trump

Un juez federal en Massachusetts ordenó a la administración Trump restaurar todos los letreros que fueron cambiados o retirados en los parques nacionales de todo el país.

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Jueza ordena restaurar letreros en parques nacionales eliminados por la administración Trump
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Una jueza federal de Massachusetts ordenó a la administración de Donald Trump restaurar para el 3 de julio todos los letreros y exhibiciones informativas eliminados o modificados en los parques nacionales. El fallo judicial bloquea cualquier cambio adicional y denuncia que el Gobierno intentó imponer una visión restringida de la historia mediante la presentación de medias verdades, afectando temas sensibles como el cambio climático y masacres de nativos americanos. El Departamento del Interior calificó a la magistrada de activista progresista y evalúa apelar la sentencia. Mientras tanto, defensores de la conservación celebran la medida, asegurando que pone fin a la censura y permite que los parques nacionales vuelvan a funcionar como espacios de aprendizaje honestos y completos sobre la realidad del país.

Una jueza federal en Massachusetts ha emitido una orden judicial que obliga a la administración de Donald Trump a restaurar la totalidad de los letreros que fueron modificados o retirados de los parques nacionales en todo el país. Esta medida surge como respuesta a una controvertida directiva implementada por el presidente el año pasado, la cual había impactado diversas exhibiciones informativas en los sitios protegidos de la nación.

En un fallo detallado de 63 páginas publicado el pasado viernes, la jueza Angel Kelley fue tajante al señalar que la administración utilizó el pretexto de promover la "dignidad estadounidense" para intentar imponer una visión restringida de los hechos. Según la magistrada, el objetivo real era compartir una historia limitada mediante la remoción de paneles interpretativos, exhibiciones y letreros que no se alineaban con la narrativa preferida del Gobierno, recurriendo así a la presentación de "medias verdades".

La jueza Kelley, quien fue designada por el presidente Joe Biden, estableció un plazo estrictamente definido para que el cumplimiento de la restauración sea total: el 3 de julio. Esta fecha fue seleccionada para asegurar que la información sea restablecida antes de las celebraciones del 250º aniversario del país. Además de ordenar la reposición de los materiales, el fallo bloquea legalmente a la administración Trump para que realice cualquier cambio adicional en las exhibiciones de los parques nacionales.

La reacción del Departamento del Interior no se hizo esperar. A través de una declaración enviada a CNN, un portavoz del departamento calificó a Kelley como una "jueza activista progresista" y dejó abierta la posibilidad de que el organismo apele la decisión judicial. En el mismo comunicado, el portavoz vinculó la situación con los eventos del fin de semana, mencionando que el departamento evaluaría sus opciones legales mientras celebraban el evento "UFC Freedom 250" en el jardín sur de la Casa Blanca, describiendo al presidente Donald J. Trump como "el mejor presidente en la historia de nuestro país".

Este conflicto judicial es el resultado de una demanda interpuesta en febrero por una coalición conformada por defensores y conservacionistas. El grupo demandante acusó al Departamento del Interior y al Servicio de Parques Nacionales de ejecutar una campaña sostenida con el objetivo de socavar la ciencia y borrar fragmentos de la historia.

El origen de la disputa se remonta a marzo de 2025, cuando Donald Trump firmó un decreto titulado “Restoring Truth and Sanity to American History” (Restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense). Dicho decreto instruía al Departamento del Interior a tomar medidas contra cualquier contenido público que, a juicio de la administración, "menosprecie inapropiadamente a los estadounidenses, pasados o presentes".

De acuerdo con el grupo de defensa Save Our Signs, que se encarga de rastrear los cambios en las exhibiciones del Servicio de Parques Nacionales, al menos 45 letreros fueron modificados bajo esta directiva. Los temas afectados variaron desde la historia de los nativos americanos hasta la crisis del cambio climático.

Entre los ejemplos citados en la demanda y recogidos en la sentencia de la jueza, destaca el caso del parque nacional Grand Teton en Wyoming. Allí se retiró un marcador que detallaba el papel del explorador Gustavus Cheyney Doane en la masacre de al menos 173 miembros de los Piegan Blackfeet durante el siglo XIX. De igual manera, en el monumento nacional Fort Sumter, en Carolina del Sur, se eliminó un cartel que informaba sobre los impactos del cambio climático, específicamente sobre cómo el aumento del nivel del mar podría anegar el patio de armas y cubrir la mayoría de los muros del fuerte.

Alan Spears, director sénior de recursos culturales en la National Parks Conservation Association, calificó la decisión judicial como un "gran, gran asunto". Spears afirmó que el fallo pone fin, aunque sea temporalmente, a la censura, la suavización y la "sanitización" de la historia en los parques. Según Spears, esto permite que los visitantes regresen a la normalidad, recibiendo una interpretación completa y justa de la historia estadounidense.

Spears subrayó que los parques nacionales actúan como guardianes de la cultura y la historia del país y que, en los últimos 30 años, el servicio de parques había trabajado para ofrecer relatos más inclusivos y precisos. Argumentó que alterar esta interpretación es un problema grave, ya que el objetivo es inspirar a las personas a cuidar la tierra y la historia.

Finalmente, la jueza Kelley enfatizó que los parques nacionales son una "piedra angular del aprendizaje público" y suelen ser descritos como "el aula más grande de Estados Unidos". En su fallo, escribió que la belleza de la historia reside en la narración sin adornos y la entrega de verdades innegables, señalando que el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar la historia en su totalidad y no solo en fragmentos favorecidos, principio que, según la jueza, fue ignorado por la administración.

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