La administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en el centro de una grave controversia legal que trasciende las fronteras mexicanas. Aunque recientemente las autoridades de Estados Unidos han hecho públicos señalamientos contra su gestión, se ha revelado que la acusación ya contaba con un expediente judicial robusto y formalizado dentro del territorio nacional mucho antes de que las instancias internacionales intervinieran.
De acuerdo con un expediente al que tuvo acceso Imagen Noticias, con el periodista Nacho Lozano, existe una denuncia formal presentada el pasado 17 de febrero ante la Fiscalía General de la República (FGR). En dicho documento, se acusa directamente al mandatario sinaloense de mantener presuntas relaciones y alianzas estratégicas con organizaciones dedicadas al narcotráfico, estableciendo un marco legal previo a las revelaciones estadounidenses.
La denuncia no es el resultado de una acción aislada, sino el esfuerzo coordinado de diversas organizaciones civiles y gremiales. Entre los promoventes destacan la Alianza Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados y la Alianza Cívica de Sinaloa. Estas agrupaciones han sido tajantes al calificar la gestión de Rocha Moya, asegurando que el gobernador habría “vendido el alma al diablo” al establecer pactos con los denominados poderes fácticos de la región.
El abogado Ricardo Beltrán, uno de los voceros de estas denuncias, enfatizó que la confabulación entre el gobierno estatal y estos grupos era un hecho conocido para diversos sectores de la sociedad. Beltrán manifestó que la alianza y confabulación con dichos poderes fácticos era evidente, justificando así la severidad de sus declaraciones sobre el rumbo que tomó la administración del gobernador.
El contenido de la denuncia presentada ante la FGR es exhaustivo y no se limita únicamente a señalar los vínculos con el crimen organizado. El documento detalla una serie de presuntos delitos derivados de la operatividad de la delincuencia organizada, incluyendo el uso de amenazas y la implementación de procesos judiciales y administrativos diseñados para forzar la salida de figuras políticas clave en el estado.
Entre los funcionarios que presuntamente fueron víctimas de estas presiones para obligarlos a renunciar se encuentran los exalcaldes de tres municipios fundamentales: Jesús Estrada, en Culiacán; Guillermo Benítez, en Mazatlán; y Gerardo Vargas, en Ahome. Según el expediente, estas acciones formaban parte de una estrategia de control político coordinada desde la gubernatura.
La persecución política descrita en los documentos se habría extendido también al ámbito judicial. Se señala que el entonces fiscal del estado, Juan José Ríos Estadillo, fue objeto de presiones constantes, lo que derivó en que abandonara su cargo tres años antes de concluir el periodo para el cual había sido designado.
Asimismo, organizaciones civiles denuncian que este patrón de hostigamiento alcanzó la esfera académica. El actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueñas, habría sido blanco de estas persecuciones. De manera aún más grave, se menciona que el acoso se extendió hacia la familia del exrector Héctor Melecio Cuén, quien fue asesinado en el año 2024.
Debido a la naturaleza de los delitos señalados, la denuncia ha sido turnada a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Los promoventes de la acción legal esperan que este recurso, sumado a las acusaciones internacionales por narcotráfico, logre detener la espiral de violencia que ha azotado al estado.
Esta crisis legal coincide con un recrudecimiento de la inseguridad en Sinaloa, provocado por la fractura interna del Cártel de Sinaloa. La guerra abierta entre las facciones de "Los Chapitos" y "La Mayiza", que estalló a finales de 2024, transformó incidentes aislados en una crisis de seguridad generalizada que afecta a toda la población.
Sobre este panorama, Ricardo Beltrán reflexionó sobre la evolución de la violencia en la entidad. El abogado señaló que, si bien se habían registrado diversos "culiacanazos" anteriormente, los eventos ocurridos a partir del 9 de septiembre de 2024 representaron un escalamiento mayor. Según Beltrán, lo sucedido no fue un simple "culiacanazo", sino un "sinaloazo" horroroso, cuyas consecuencias siguen padeciendo los habitantes de Sinaloa hasta el día de hoy.
