El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°1 de la Capital Federal ha dictado una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra un ciudadano de nacionalidad peruana, identificado como Jesús Antonio Palacios Calderón, de 46 años. El imputado fue hallado responsable de liderar, coordinar y financiar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al posterior lavado de activos provenientes de la venta de una cantidad superior a los 41 kilogramos de cocaína.
La estructura criminal, que operaba con un alcance transnacional, tuvo como uno de sus epicentros el barrio porteño de Caballito. La desarticulación de esta red fue el resultado de una exhaustiva investigación judicial y policial que se extendió durante varios años, permitiendo exponer la complejidad de la operatoria y la jerarquía de sus integrantes.
Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal impuso a Palacios Calderón una multa económica considerable, consistente en 600 unidades fijas y la suma de $231.761.900. Asimismo, los magistrados decidieron mantener vigentes las medidas cautelares sobre los diversos bienes que fueron incautados a lo largo del proceso judicial, asegurando que el patrimonio vinculado a la actividad ilícita permanezca bajo control judicial.
El origen de la causa se remonta a noviembre de 2020, cuando se llevó a cabo un operativo clave de la Policía de la Ciudad. En aquel entonces, los efectivos interceptaron un taxi en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Emilio Mitre, en el corazón de Caballito. Al revisar el vehículo, los agentes descubrieron que en su interior viajaban una mujer de nacionalidad uruguaya, identificada como Stefany Gabriela de la Cruz Arcosa —hermana del futbolista Nicolás de la Cruz— y otro integrante de la organización. En el interior del taxi se hallaron dos valijas que contenían 40 panes de cocaína y una bolsa adicional con la sustancia.
Este operativo fue el detonante que permitió a las autoridades profundizar la investigación, contando con el apoyo fundamental de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El tribunal, compuesto por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Ángel Basílico y Adrián Federico Grünberg, determinó que Palacios Calderón era el cerebro detrás de la maniobra, actuando como el principal organizador y financista.
Según la acusación impulsada por el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia, de la PROCUNAR, y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto, de la PROCELAC, el condenado coordinaba todo el transporte de la droga desde su lugar de residencia en España. Desde el exterior, utilizaba sus recursos económicos y medios de comunicación para asegurar que la sustancia llegara a destino y fuera comercializada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación reveló que la organización estaba integrada por al menos tres personas, un factor que agravó la calificación de los delitos. En cuanto al lavado de dinero, se estableció que las ganancias obtenidas mediante la venta de cocaína eran reincorporadas al circuito legal a través de la adquisición de propiedades y vehículos. Para evitar ser detectados, Palacios Calderón utilizaba a familiares y allegados como "prestanombres" o testaferros, registrando los bienes a nombre de estas personas.
La detención del líder de la banda se produjo el 7 de febrero de 2023 en España, país donde residía. Tras los trámites correspondientes, fue extraditado a la Argentina en agosto del mismo año, quedando alojado en el Complejo Penitenciario II de Ezeiza bajo la disposición del juez federal Sebastián Casanello. Posteriormente, el 18 de agosto de 2024, el fiscal federal Carlos Rívolo presentó la acusación formal solicitando la elevación a juicio por los delitos de organización y financiamiento de maniobras de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de varias personas, y lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad.
Es importante destacar la colaboración de la Brigada de la Comuna 6 de la Policía de la Ciudad, cuya labor fue central en la interceptación del cargamento y la posterior identificación de los miembros de la banda.
El fallo del TOF N°1 no afectó únicamente a Palacios Calderón. En el marco del mismo proceso, otras ocho personas recibieron condenas mediante juicios abreviados por su grado de participación en los hechos. Por otro lado, una mujer logró acceder a la suspensión del proceso a prueba. Como medida final, el tribunal ordenó la destrucción de la droga secuestrada y mantuvo las cautelares patrimoniales, postergando la decisión sobre el decomiso definitivo de los bienes. El debate oral, iniciado el 24 de abril, concluirá con la publicación de los fundamentos de la sentencia el próximo 16 de junio.
