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Análisis crítico al proyecto de eliminación de contribuciones para adultos mayores

Contribuciones, subsidiariedad y el sofá de don Otto

Análisis crítico al proyecto de eliminación de contribuciones para adultos mayores

¿Es la eliminación de contribuciones la mejor solución para los adultos mayores en Chile? Un análisis reciente cuestiona el proyecto de ley del gobierno que propone eliminar este impuesto a la vivienda principal de las personas mayores.

El problema central es la liquidez: muchos propietarios ven cómo el valor de su casa sube, pero sus ingresos no, generando un desacople que podría obligarlos a dejar su hogar. Sin embargo, el diagnóstico correcto no garantiza una solución acertada.

En lugar de eliminar el impuesto, se propone una alternativa: establecer un pago máximo basado en el ingreso personal, por ejemplo, un 2,5%. La diferencia se saldaría a futuro, al vender o traspasar la propiedad. Este esquema protegería no solo a los adultos mayores, sino a cualquier persona que pierda su empleo.

La medida actual también golpea la autonomía municipal. Se estima que los municipios reciben unos 230 millones de dólares por este concepto, pero el proyecto solo compensaría 150 millones a través del Fondo Común Municipal. Esto debilita el principio de subsidiariedad y afecta la provisión de bienes públicos locales, como la seguridad y las áreas verdes. Además, centraliza los recursos, haciendo que el financiamiento dependa anualmente de la ley de presupuestos.

Otro punto crítico es la equidad. El 80% de la recaudación de contribuciones proviene del 10% de las propiedades de mayor valor. De hecho, el 0,5% de las viviendas que superan las 20.000 UF aporta una cuarta parte del total. Ante una situación fiscal estrecha, cabe preguntarse si destinar recursos públicos a beneficiar desproporcionadamente a propiedades de tan alto valor es la mejor opción frente a prioridades como la educación o las salas cuna.

Eliminar el impuesto basándose en promesas de campaña o argumentos de doble tributación ignora que estas contribuciones financian a los municipios, no al Estado central.

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