Una treintena de familiares, activistas y estudiantes se manifestaron ante el Ministerio de la Mujer en Caracas para exigir investigaciones inmediatas, con enfoque de género, sobre denuncias de violencia sexual contra presas políticas, tanto recluidas como excarceladas.
Los manifestantes denunciaron maltratos sistemáticos y condiciones deplorables en los centros de reclusión. Sin embargo, relataron que la respuesta de la ministra Yelitza Santaella fue de indiferencia. Evelyn Pinto, coordinadora de la Alianza de Mujeres Políticas, calificó la reunión con la funcionaria como cínica, asegurando que la ministra cuestionó la condición de presas políticas de las detenidas e ignoró los reclamos de agresiones sexuales ya documentados por organismos internacionales.
Según la Alianza, existen más de 35 mujeres injustamente detenidas, la mayoría con problemas de salud crónicos o graves sin atención médica. Entre los testimonios destacan el de Scarlett Rodríguez, hermana de Keila Barrios, quien fue arrestada arbitrariamente y ha tenido que aplazar una cirugía debido a su reclusión. Asimismo, Alida Andrade denunció que su hija, la primer teniente Mariana Andrade, sufre de ansiedad y desnutrición, además de que se le negó la amnistía antes siquiera de interponer la solicitud.
Otro caso reportado es el de la abogada Miladys Castillo, detenida hace cuatro años en el llamado caso “Catatumbo”, cuya salud se ha deteriorado debido a un quiste en uno de sus senos.
Además de las investigaciones por violencia sexual, los solicitantes pidieron la revisión de las condiciones en cárceles de mujeres y comandos policiales, denunciando también las requisas invasivas que sufren las familiares durante las visitas. Al finalizar la reunión, la ministra evitó escuchar a los manifestantes, quienes corearon consignas contra el Estado.
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