El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que presente el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General. La decisión se basa en “indicios fundados” de que en el país se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a “ataques generalizados o sistemáticos” contra la población civil.
El comité destaca la magnitud de la crisis, evidenciada por el hallazgo de más de 4.500 fosas clandestinas que contienen más de 6.200 cadáveres, 4.600 restos humanos y 72.000 restos no identificados. Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, enfatizó que lo relevante es la magnitud y el patrón de los ataques dirigidos a la población civil, sin necesidad de que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados desde las más altas esferas del gobierno.
A pesar de reconocer las medidas adoptadas por el gobierno mexicano en los últimos años, el comité señala que la situación no ha mejorado sustancialmente y que las autoridades siguen desbordadas. Por ello, insta a la Asamblea General a considerar la adopción de medidas para ofrecer cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación, así como para esclarecer la verdad y proteger a las familias y organizaciones que buscan a los desaparecidos.
El gobierno mexicano ha rechazado el informe, calificándolo de “tendencioso” y argumentando que no se han considerado las últimas actualizaciones presentadas. Asegura que no tolera las desapariciones forzadas y que ha emprendido reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares. No obstante, el comité considera que estas reformas no han sido debidamente consideradas en el informe.
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