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Leyes restringen labor de ONG en seis países de América

Leyes restringen labor de ONG en seis países de América
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Amnistía Internacional advierte sobre un preocupante deterioro del tejido social en Ecuador, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Perú, debido a la promulgación de leyes entre 2020 y 2026 que buscan limitar la acción de las organizaciones no gubernamentales. El informe, presentado en Asunción, Paraguay, detalla cómo estas legislaciones imponen controles desproporcionados que obstaculizan la capacidad de las ONG para defender derechos fundamentales y brindar ayuda humanitaria a comunidades vulnerables.

Según Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, se observa un aumento significativo de prácticas autoritarias que restringen el trabajo de defensores de derechos humanos y disidentes políticos, generando un cierre del espacio cívico . Estas leyes buscan ahogar financiera y administrativamente a las organizaciones, exigiendo requisitos tan complejos que desvían recursos de su labor principal.

Piquer citó la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (2025), que impone un 30% de impuestos sobre transacciones internacionales, elevando la carga tributaria de las ONG a más del 50% de sus ingresos. En Nicaragua, la ley de 2020 ya ha provocado el cierre de cientos de organizaciones.

El informe también denuncia una narrativa oficial estigmatizante que acusa a directivos y organizaciones de la sociedad civil de actuar en contra de los intereses nacionales. En Ecuador, esta narrativa se intensificó durante las protestas, llevando al cierre de cuentas bancarias de numerosas ONG y paralizando sus operaciones.

Una ONG venezolana denunció a Amnistía Internacional que el gobierno chavista las considera enemigos internos por documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos. Piquer enfatizó que estas leyes se aprueban de manera exprés , sin debate ni participación de la sociedad civil, utilizando conceptos vagos y discursos estigmatizantes.

Amnistía Internacional recomienda la reforma o derogación de estas legislaciones, argumentando que vulneran los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por los Estados. Piquer concluyó destacando que las ONG desempeñan un papel crucial donde los Estados no llegan. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.

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