generalRío Nechí: Imágenes aéreas revelan devastación ambiental por minería ilegal en el Bajo Cauca
La imagen parece sacada de un documental bélico. Hasta la línea del horizonte, grandes cráteres cubren el lecho del río Nechí, como si momentos atrás hubiera ocurrido un bombardeo. El panorama fue captado en un video grabado por el piloto de un helicóptero el pasado miércoles. En una secuencia que dura menos de dos minutos, a la vista emerge un plano general del río, que luce irregular y lleno de pozos. En cuestión de pocos segundos, a la imagen se suman extensas filas de dragas humeantes, trabajando a toda marcha. Los pesados aparatos están por todas partes, algunos alineados en grupos de cuatro, otros anclados en mitad del río y todos hurgando en el pantano en busca de oro. También le puede interesar: Estas son las rutas por las que se mueve el mercurio para la minería ilegal en Antioquia “Este es el panorama de la extracción ilícita de oro en el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Decenas de dragas ilegales operan sobre sus laderas, removiendo toneladas de tierra, alterando el cauce natural y destruyendo ecosistemas estratégicos. La devastación ya es visible desde el aire y sigue creciendo ante los ojos del país. ¿Quién detendrá esta destrucción? Enorme tristeza ”, expresó el periodista Gustavo Gómez, quien publicó el video e hizo un llamado a las autoridades a intervenir para contener ese desastre ambiental. La crítica situación por la que atraviesa el Bajo Cauca antioqueño en materia minera no es nueva y se ha agravado en los últimos meses. Desde que en 2023, el Gobierno Nacional centralizó nuevamente en Bogotá el otorgamiento de licencias –quitándole al departamento la figura de la delegación minera– el problema minero cogió ventaja por varios frentes. Mientras los mineros interesados en legalizarse denuncian que las autoridades nacionales son todavía más lentas de lo que eran las del departamento, los intereses de los grupos armados por controlar esa actividad y tener allí una de sus principales rentas se han incrementado a la par del repunte del precio del oro. Entre tanto, pese a que la Fuerza Pública ha venido retomando paulatinamente los operativos de control y destrucción de maquinaria ilegal , tampoco da abasto para contener esa fiebre ilícita por el metal. Desde hace más de una década, Antioquia se consolidó como el mayor productor de oro del país, tanto legal como ilegal. Según documentó el Instituto Popular de Capacitación (IPC), entre 2010 y 2021, el Bajo Cauca a su vez aportó la mitad de la producción de oro del departamento. De un total de 279 millones de gramos de oro extraídos en Antioquia en ese periodo, 147 millones provenían del Bajo Cauca , calculó ese instituto con base en datos de la Upme (Unidad de Planeación Minero-Energética). Entérese: Devastación por minería ilegal en San Luis tardará 30 años para recuperarse Pese a que esa participación se ha venido reduciendo en años recientes, la subregión sigue siendo un nodo clave en esta materia, superando casi dos veces a la producción de otros departamentos como Chocó. Durante los últimos años, una de las variables que han influido en el auge de la minería tanto legal como ilegal es el alza del precio internacional del oro. Con corte a este jueves 4 de junio, la onza troy de oro se valorizaba aproximadamente en los 4.400 dólares , un monto equivalente a por lo menos $15,9 millones. En medio de esa bonanza, desde hace más de tres años, Colombia adoptó un cambio de enfoque en su política minera, buscando darle prevalencia a los procesos de formalización, sobre los licenciamientos a las grandes empresas. A la par, el Gobierno Nacional también dio luz verde a la Fuerza Pública para reactivar en algunos sitios operativos para la destrucción de maquinaria minera que esté infringiendo la ley. Según la Procuraduría, Antioquia es también el departamento con más minas ilegales intervenidas en el país. Sin embargo, al tiempo que esa actividad se ha multiplicado, los mineros informales organizados señalan que los procesos de licenciamiento son lentos y tampoco están de acuerdo con los operativos de destrucción, a su juicio dirigidos muchas veces contra mineros que no tienen vínculos con grupos ilegales. Estos reclamos estuvieron en el centro de la agenda de un paro minero realizado en marzo pasado y que duró 12 días. Durante aquellas protestas, la exigencia de una solución de fondo volvió a surgir por parte de expertos y autoridades departamentales. De acuerdo con datos del Departamento, las rentas criminales por la minería ilegal superan los 5.500 millones de dólares y se estima que más de 5.000 personas están empleadas. Además del río Nechí, otro episodio que puso en el primer plano el caos minero que se desató en el Bajo Cauca ocurrió en Cáceres, en una mina ubicada a escasos metros de un batallón del Ejército. El yacimiento aurífero, ubicado en una finca llamada La Mandinga, quedó en el centro del escrutinio público luego de que el periódico The New York Times tomara fotografías aéreas del mismo y mostrara cómo mineros ilegales habían traspasado los límites de un predio del Ejército. A manera de agravante, el diario también recabó testimonios en terreno, según los cuales la zona era controlada por el Clan del Golfo, que exigía pagos de hasta 400 dólares para dar permiso a grupos de cinco mineros para poder trabajar en la zona. El periódico sostuvo que, amparados en un título otorgado por el gobierno, esos mineros estaban legalizando el oro extraído de la zona, el cual era exportado y terminó llegando a manos de la Casa de la Moneda de EE. UU. Lea más: Anarquía en el Bajo Cauca destapó fallas en la política minera de Petro
viernes, 5 de junio de 2026, 03:30
CO
elcolombiano
Un reciente sobrevuelo por la cuenca del río Nechí ha puesto en evidencia el crítico estado de deterioro ambiental que sufre esta zona del Bajo Cauca antioqueño. Las imágenes captadas desde un helicóptero muestran una devastación que se extiende por la llanura hasta llegar a Zaragoza, revelando un paisaje que, según las descripciones, asemeja la escena de un documental bélico debido a la cantidad de cráteres que cubren el lecho del río, simulando el impacto de un bombardeo.
El material audiovisual, grabado el pasado miércoles y difundido por el periodista Gustavo Gómez, muestra en una secuencia de menos de dos minutos un plano general del río, el cual luce irregular y plagado de pozos. En el video se observa la presencia de extensas filas de dragas que operan a toda marcha, algunas alineadas en grupos de cuatro y otras ancladas en medio de la corriente, removiendo toneladas de tierra y alterando el cauce natural del río en la búsqueda de oro. Gómez hizo un llamado urgente a las autoridades para intervenir y contener este desastre ambiental, calificando la situación como una destrucción visible desde el aire que sigue creciendo.
Esta crisis minera en el Bajo Cauca no es un fenómeno reciente, pero se ha intensificado en los últimos meses. Un factor determinante ha sido el cambio administrativo ocurrido en 2023, cuando el Gobierno Nacional centralizó nuevamente en Bogotá el otorgamiento de licencias mineras, eliminando la delegación que tenía el departamento. Esta medida ha generado que los mineros que buscan legalizarse denuncien una lentitud administrativa mayor a la que existía previamente. Mientras tanto, los grupos armados han incrementado su interés por controlar la actividad para asegurar una de sus rentas principales, impulsados por el repunte en el precio internacional del metal.
Desde el punto de vista económico, el auge de la minería, tanto legal como ilegal, se ha visto potenciado por la valorización del oro. Con corte al jueves 4 de junio, la onza troy se cotizaba aproximadamente en 4.400 dólares, lo que equivale a unos 15,9 millones de pesos colombianos. En este contexto, Antioquia se ha consolidado como el mayor productor de oro del país. Datos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), basados en cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), indican que entre 2010 y 2021, el Bajo Cauca aportó la mitad de la producción departamental: 147 millones de gramos de un total de 279 millones extraídos en Antioquia.
A pesar de que el Gobierno Nacional ha implementado un cambio de enfoque, priorizando los procesos de formalización sobre las licencias a grandes empresas y autorizando la destrucción de maquinaria ilegal, la situación sigue siendo desbordante. La Procuraduría ha señalado que Antioquia es el departamento con más minas ilegales intervenidas. Sin embargo, los mineros informales organizados critican estos operativos, argumentando que a menudo se dirigen contra personas sin vínculos con grupos criminales. Estas tensiones derivaron en un paro minero en marzo pasado, que se extendió por 12 días.
El impacto económico del crimen en la región es masivo. Según datos del Departamento, las rentas criminales derivadas de la minería ilegal superan los 5.500 millones de dólares, con una fuerza laboral estimada en más de 5.000 personas.
Uno de los casos más emblemáticos de esta anarquía ocurrió en Cáceres, específicamente en la mina de la finca La Mandinga. Un reporte del periódico The New York Times, apoyado en fotografías aéreas, reveló que mineros ilegales habían traspasado los límites de un predio perteneciente al Ejército, operando a escasos metros de un batallón. El diario denunció que la zona estaba controlada por el Clan del Golfo, grupo que exigía pagos de hasta 400 dólares a grupos de cinco mineros para permitirles trabajar. Según el informe, parte de este oro era legalizado mediante títulos gubernamentales y exportado, llegando incluso a manos de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.