La tensión política en Colombia ha alcanzado un nuevo punto de ebullición a menos de tres semanas de celebrarse la segunda vuelta presidencial. El epicentro de la controversia actual se centra en la figura del candidato Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado un rechazo tajante a una medida judicial que busca restringir la utilización de la camiseta de la Selección Colombia dentro de sus actividades de proselitismo electoral. El aspirante a la presidencia ha calificado la decisión como un acto “autoritario” y ha ratificado públicamente que no acatará la restricción, manteniendo el uso del símbolo patrio en su estrategia de campaña.
El conflicto jurídico se originó a raíz de una decisión emitida por el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá. La jueza Aura Luz Forero, tras admitir una acción de tutela interpuesta por un ciudadano, dictó una medida provisional que ordena tanto al candidato Abelardo de la Espriella como a su colectividad política, el partido Defensores de la Patria, abstenerse de exhibir la prenda oficial del equipo nacional. Esta prohibición abarca cualquier escenario de campaña, incluyendo la publicidad tradicional y las diversas plataformas de redes sociales.
Según el razonamiento expuesto por la jueza Forero, el uso político de la camiseta de la Selección Colombia altera el propósito fundamental de este símbolo, el cual es estrictamente deportivo. La providencia judicial sostiene que el empleo de la prenda en un contexto electoral genera una identificación indebida entre la selección nacional y una candidatura específica. De acuerdo con el despacho, esta situación podría vulnerar derechos fundamentales como la igualdad y la neutralidad electoral, creando un desequilibrio frente a otros competidores políticos que mantienen posturas contrarias.
Ante este escenario, Abelardo de la Espriella ha reaccionado con vehemencia, lanzando duras críticas contra sus detractores políticos, específicamente contra el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. El candidato cuestionó abiertamente la legitimidad de estas figuras para determinar qué símbolos pueden o no portar los ciudadanos colombianos, argumentando que la camiseta de la Selección representa la identidad nacional y que su uso es un acto legítimo de orgullo patrio.
En sus declaraciones y comunicaciones a través de redes sociales, De la Espriella ha comparado las posturas de sus opositores con regímenes absolutistas. El aspirante sostuvo que la camiseta no tiene un dueño particular, sino que pertenece a todos los colombianos, y calificó la medida judicial como un intento de “censura” que refleja una tendencia autoritaria peligrosa para la salud de la democracia en el país. Bajo el lema de "Tarjeta roja a la censura judicial", el candidato y su partido rechazaron la medida de la jueza, asegurando que ninguna orden judicial puede prohibir a un ciudadano vestir los colores de su selección.
Sumado a la disputa legal por la indumentaria, De la Espriella aprovechó la coyuntura para denunciar recientes actos de vandalismo sufridos por el bus de su equipo de campaña. El candidato sugirió que tanto los ataques físicos contra su logística como la controversia jurídica sobre los símbolos patrios forman parte de una estrategia coordinada para limitar su libertad de expresión y obstaculizar su camino hacia la presidencia.
Por su parte, la providencia judicial ha vinculado al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Federación Colombiana de Fútbol, solicitando que ambas entidades entreguen sus conceptos técnicos y legales sobre el asunto. La jueza advirtió explícitamente que el desacato a la medida provisional podría acarrear sanciones legales para el candidato y su organización política. El despacho subrayó que el uso reiterado de la prenda en piezas publicitarias ha creado un hecho notorio que, según la demanda, genera estigmatización.
Mientras el Juzgado 120 Penal Municipal estudia una sentencia de fondo para resolver definitivamente el caso, la disputa se mantiene como uno de los temas centrales del debate público. Este enfrentamiento pone de manifiesto el complejo equilibrio que deben encontrar las instituciones entre la protección de los símbolos nacionales y el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de una contienda electoral altamente polarizada.
