En diversas ciudades de América Latina, el paisaje urbano comparte un elemento común y omnipresente: una densa y caótica red de cables que atraviesan el cielo, entrelazándose entre postes, fachadas y árboles. Estas instalaciones, que comprenden servicios eléctricos, de telecomunicaciones, internet y televisión, conviven y se superponen en un espacio compartido, donde muchas veces los cables nuevos se instalan sobre aquellos que ya han sido abandonados. Si bien son componentes esenciales para garantizar la conectividad y el acceso a servicios básicos, su acumulación se ha convertido en una de las formas más evidentes de contaminación urbana.
A pesar de su visibilidad, este fenómeno rara vez es abordado como un problema estructural. Generalmente, la ciudadanía y las autoridades lo perciben simplemente como una molestia estética o "ruido visual". Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta maraña es el síntoma de una gestión desordenada de la infraestructura tecnológica. Los cables no solo cumplen la función de transportar datos o energía, sino que también actúan como un registro material de decisiones políticas, historia urbana y profundas desigualdades sociales.
La acumulación de cableado aéreo no es un hecho accidental, sino la consecuencia de décadas de expansión urbana acelerada, procesos de privatización de servicios y una marcada falta de coordinación entre los diversos actores involucrados. El modelo operativo ha consistido, frecuentemente, en que cada empresa instale su propia red utilizando la misma infraestructura de postes, omitiendo el retiro de los cables que han quedado obsoletos. De este modo, el espacio aéreo de las ciudades se ha transformado en un archivo material donde coexisten tecnologías vanguardistas con restos de sistemas ya extintos.
Este problema trasciende lo visual y entra en el terreno de la seguridad y el bienestar. El cableado en desuso representa riesgos concretos, ya que puede provocar caídas, generar fallas técnicas o interferir con el funcionamiento de otros sistemas. Más allá de los accidentes potenciales, la saturación de cables contribuye al deterioro de la calidad del entorno urbano. Las calles dominadas por este desorden transmiten una sensación persistente de abandono, improvisación y falta de cuidado por parte de las instituciones y las empresas.
Un punto crítico de esta problemática es la distribución inequitativa de la contaminación visual. Existe una diferencia notable entre los sectores de altos ingresos o las zonas turísticas y los barrios periféricos. En los primeros, es cada vez más frecuente encontrar cableado subterráneo o instalaciones debidamente organizadas, orientadas a cumplir estándares estéticos que atraigan inversiones. Por el contrario, en los sectores con menor inversión pública, los cables se multiplican sin ningún tipo de control, normalizando una saturación que afecta la calidad de vida de sus habitantes. Esta realidad evidencia que la infraestructura urbana es también una expresión de la desigualdad: no solo es relevante el acceso al servicio, sino la forma en que dicho servicio se materializa en el espacio público.
En el caso particular de Chile, el problema ha comenzado a ganar visibilidad. Algunas municipalidades han implementado operativos para retirar cables que ya no están en uso y se han abierto debates sobre normativas que obliguen a las empresas a responsabilizarse por su infraestructura. No obstante, el avance de estas medidas ha sido lento y fragmentado. Uno de los mayores desafíos es la identificación de la propiedad de cada cable, tarea que se complica significativamente cuando las compañías que realizaron las instalaciones originales ya han desaparecido o se han fusionado.
Ante este escenario, la solución más recurrente es el soterramiento del cableado. Aunque la idea de trasladar los cables bajo tierra para despejar el cielo es atractiva, su implementación es costosa y compleja, especialmente en ciudades con una infraestructura ya consolidada. Además, el soterramiento por sí solo no soluciona el problema de fondo si no existe una gestión coordinada; de lo contrario, el desorden simplemente se trasladaría del aire al subsuelo.
Por ello, se plantea que el enfoque debería centrarse en la regulación y administración de la infraestructura. Medidas como el retiro sistemático de cables en desuso, la organización de las instalaciones actuales, el establecimiento de estándares comunes y el fortalecimiento de la fiscalización podrían ser más efectivas a mediano plazo. Esto requeriría un cambio cultural fundamental: dejar de considerar el espacio público como un soporte ilimitado donde se puede acumular infraestructura sin consecuencias.
En conclusión, la maraña de cables obliga a replantear el espacio urbano no solo como un lugar físico, sino como un entorno compartido que exige cuidado. En una era donde la conectividad se presenta como el motor del progreso, es necesario cuestionar qué tipo de avance estamos construyendo si este viene acompañado de deterioro ambiental y desigualdad. El problema no reside en los cables en sí, sino en la manera en que se ha permitido que ocupen y definan nuestras ciudades.
