Un grave episodio de presunta violencia institucional ha sacudido a la opinión pública tras la difusión de un video que muestra la agresión de un agente de la Policía Nacional contra un ciudadano en el barrio Loma San Jerónimo. El hecho, que rápidamente se volvió viral en diversas plataformas digitales, ha reabierto un intenso y necesario debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales durante los procedimientos de rutina.
El incidente salió a la luz gracias a la valentía de la esposa de la víctima, quien utilizó su teléfono móvil para registrar el procedimiento policial en tiempo real. En el material audiovisual, se puede observar la tensión del momento mientras la mujer exige reiteradamente que el uniformado se identifique debidamente. Según el relato de los denunciantes, la pareja se encontraba en un trayecto hacia una farmacia cuando fueron interceptados por los agentes en un control.
Las imágenes son contundentes y muestran el momento exacto en que el joven, quien según el testimonio de quienes estuvieron presentes no ofrecía ningún tipo de resistencia al procedimiento, recibe un puño directamente en el rostro por parte del agente policial. Ante la violencia del impacto, la mujer que grababa el video reclamó enérgicamente al efectivo, señalando que el uniformado "no tiene autoridad para hacer eso", evidenciando la desproporcionalidad de la reacción policial frente a una situación que no presentaba peligro aparente.
Ante la repercusión mediática y la claridad de las pruebas presentadas, el Comandante de la Policía Nacional, César Silguero, salió al frente para reconocer la gravedad de lo sucedido. El jefe policial afirmó que el video es "bastante claro", admitiendo que la conducta desplegada por el agente es inaceptable. En sus declaraciones, Silguero lamentó profundamente que miembros de la institución cometan actos irregulares o ilícitos, subrayando que este tipo de inconductas afectan la imagen y el prestigio de toda la Policía Nacional.
La respuesta institucional fue inmediata una vez que el caso tomó estado público. A través de una pesquisa llevada a cabo por la oficina de Asuntos Internos, se logró identificar plenamente al presunto agresor. Se trata del Oficial Ayudante Juan Maqueda, perteneciente a la Comisaría Primera de Asunción. Como medida cautelar y administrativa, el oficial fue apartado de sus funciones habituales y quedó a disposición del departamento de Talentos Humanos mientras se desarrolla el proceso administrativo correspondiente.
El Comandante Silguero calificó la acción de Maqueda como una "actuación irresponsable e irregular", enfatizando que no existe justificación alguna para una reacción de esa naturaleza durante un operativo policial. La severidad de las palabras del Comandante refleja la intención de la institución de no encubrir el hecho y de aplicar las sanciones pertinentes.
Para garantizar que el caso no quede impune, la situación ha sido remitida a múltiples instancias legales y administrativas. En primer lugar, se ha abierto un sumario en la Justicia Policial para determinar las faltas disciplinarias. Paralelamente, el caso fue derivado al Ministerio Público para evaluar la existencia de responsabilidades penales, y se ha dado intervención a la Dirección de Derechos Humanos, dado que el hecho representa una presunta violación a las garantías fundamentales del ciudadano agredido.
Se ha informado que la evaluación interna y el proceso administrativo suelen tener una duración aproximada de 60 días. Sin embargo, el Comandante Silguero aseguró que la investigación no se limitará únicamente al Oficial Ayudante Juan Maqueda, sino que alcanzará a todos los agentes que participaron en el procedimiento en el barrio Loma San Jerónimo, con el fin de esclarecer si hubo otros incumplimientos de los protocolos operativos.
Este caso deja al descubierto la fragilidad de los controles en los operativos de rutina y la urgencia de reforzar la capacitación en derechos humanos y manejo de crisis para los efectivos policiales, evitando que el ejercicio de la autoridad se transforme en un acto de agresión arbitraria contra la ciudadanía.
