La seguridad energética ya no es un tema lejano. Hoy, cualquier conflicto geopolítico o interrupción logística impacta directamente en los precios de la energía, la inflación y la competitividad industrial.
Un punto crítico es el Estrecho de Ormuz, que moviliza cerca del 20% del petróleo consumido en el mundo y el 19% del comercio global de GNL. Una interrupción prolongada en esta zona podría elevar el precio del Brent por encima de los 100 dólares por barril. La vulnerabilidad es real: tras la invasión a Ucrania en 2022, el gas europeo alcanzó los 59 dólares por millón de BTU, ocho veces su promedio histórico.
El impacto económico es sistémico. Según el FMI, el alza de combustibles elevó en un 7% el costo de vida europeo durante 2022. Asimismo, en 2023, 41 economías destinaron 405 mil millones de dólares en subsidios energéticos. El Banco Mundial advierte que una nueva escalada en Medio Oriente podría incrementar los precios de la energía en un 24% y los de los fertilizantes en un 31%.
Esta volatilidad erosiona la competitividad de industrias electrointensivas, como la del acero, aluminio, cemento y químicos, que pierden margen frente a economías con energía más barata. Ante esto, la seguridad energética y la descarbonización convergen. Tecnologías como las renovables, el almacenamiento y el hidrógeno permiten reducir la dependencia de importaciones. De hecho, en 2022, el hidrógeno renovable fue competitivo por primera vez cuando el hidrógeno fósil alcanzó costos cercanos a 14 dólares por kilo.
Para el Perú, que cuenta con recursos y ubicación estratégica, existe una oportunidad de desarrollo. Sin embargo, la infraestructura no puede improvisarse, pues la próxima crisis no esperará a que el país esté listo.
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