El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, ha proporcionado detalles fundamentales sobre la implementación del denominado "Plan Retorno", una iniciativa que fue anunciada previamente por el Presidente de la República, José Antonio Kast, durante su primera Cuenta Pública. El objetivo central de esta política es ofrecer una vía de salida voluntaria y regular para aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran actualmente en situación irregular dentro del territorio nacional.
En una entrevista concedida a CNN Chile, la autoridad migratoria explicó los lineamientos técnicos de esta estrategia impulsada por el Ejecutivo. Según Sauerbaum, la instrucción presidencial ha sido establecer un plan que se concentre específicamente en las personas que mantienen una situación migratoria irregular en el país, permitiéndoles abandonar Chile sin enfrentar las sanciones habituales y, bajo ciertas condiciones, facilitando su posterior retorno de manera legal.
Respecto al alcance de la medida, el director del Servicio Nacional de Migraciones indicó que existe un universo estimado de 252 mil migrantes de los cuales el Estado posee algún tipo de registro, ya sea a través de procesos de empadronamiento o mediante autodenuncias. No obstante, Sauerbaum reconoció que esta cifra podría incrementarse a medida que se avance en la implementación del plan y más personas se acojan al beneficio.
Para incentivar la adhesión a este programa, el Gobierno ha planteado dos beneficios principales. El primero de ellos se refiere a la exoneración de las multas económicas. Actualmente, aquellos extranjeros cuyos visados han expirado y no fueron renovados a tiempo deben cancelar multas que oscilan entre los 500 mil y 600 mil pesos para poder salir del país legalmente. Sauerbaum reveló que la necesidad de este plan surgió precisamente de personas que acudieron al servicio solicitando excepciones para partir, ya que no contaban con los recursos económicos para costear dichas multas. Por lo tanto, la eliminación de este pago constituye el primer gran incentivo para la salida voluntaria.
El segundo incentivo aborda las sanciones administrativas relacionadas con el ingreso por pasos no habilitados. Por norma general, quienes ingresan al país de manera clandestina enfrentan una prohibición de reingreso que varía entre uno y cinco años. El Plan Retorno propone modificar este escenario, permitiendo que quienes se acojan a la medida puedan solicitar su regreso al país en un plazo mucho más breve. El director adelantó que el retorno podría concretarse en "el menor plazo posible", sugiriendo que este periodo podría reducirse a un par de meses, siempre que el proceso se realice de manera regular.
Además de estos incentivos, Sauerbaum detalló que existiría un beneficio adicional orientado a quienes poseen un arraigo significativo en Chile. El Gobierno establecerá en los próximos días un procedimiento específico para abreviar el tiempo de reingreso, priorizando a aquellas personas que tengan vínculos familiares directos, como hijos, cónyuges o padres, así como a quienes cuenten con una estabilidad laboral comprobable.
En relación con los requisitos para el reingreso, la autoridad fue enfática en que no se flexibilizarán los controles de seguridad. El documento fundamental exigido será la acreditación de que el postulante no ha cometido delitos, solicitando los certificados de antecedentes penales tanto de su país de origen como de Chile.
En el ámbito laboral, Sauerbaum aclaró que para acreditar el vínculo con el país no bastará con la presentación de un contrato de trabajo, debido al riesgo de falsificaciones. En su lugar, el Servicio Nacional de Migraciones exigirá la presentación de las últimas 12 cotizaciones previsionales como prueba fehaciente de la actividad laboral y el arraigo económico.
Finalmente, el director señaló que el Plan Retorno no tendrá un límite de cupos, aspirando a que la totalidad de los 252 mil migrantes registrados, y cualquier otro en situación similar, puedan hacer uso de este mecanismo. Para ello, se ha establecido un periodo de 180 días para realizar la postulación.
Ante las consultas sobre si esta medida constituye una regularización masiva —opción que fue rechazada durante la campaña presidencial de José Antonio Kast—, Sauerbaum fue tajante al rechazar dicha interpretación. Aseguró que no se trata de una regularización, sino del cumplimiento estricto de la ley, la cual estipula que el ingreso al país debe postularse desde el exterior. La diferencia radica en que el Gobierno facilitará la salida de los irregulares y otorgará un tratamiento preferencial en el proceso de reingreso a quienes hayan cumplido con el Plan Retorno. Según las palabras del director, el objetivo es que quienes tengan la intención de volver a Chile, lo hagan "por la puerta".
