Una fuerte controversia ha surgido entre el Ministerio de Ambiente de Colombia y la senadora animalista Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, tras reportarse la muerte de 15 caimanes llaneros en tres centros de custodia. El conflicto se centra en las causas de estos fallecimientos y en la gestión de los recursos destinados a la alimentación y el espacio de los ejemplares.
El Ministerio de Ambiente emitió un comunicado el pasado martes en el cual negó rotundamente que la muerte de los 15 especímenes se deba a la falta de alimentos o a un hacinamiento severo, contradiciendo las denuncias presentadas por la senadora Padilla. Según la entidad gubernamental, los reportes técnicos y las necropsias disponibles indican que los fallecimientos ocurridos durante el año 2025 correspondieron a causas naturales. El Ministerio subrayó que los análisis realizados identificaron eventos relacionados con el comportamiento propio de la especie y causas naturales, descartando que los animales hayan muerto por cuadros de inanición o ausencia de alimentación.
Por su parte, la senadora Andrea Padilla ha denunciado que el Ministerio de Ambiente tenía pleno conocimiento de la situación crítica desde mayo de 2025. Según la legisladora, la Universidad Nacional había informado a la cartera ambiental sobre el estado precario de 350 individuos distribuidos en tres puntos específicos: la Estación Roberto Franco, el parque Merecure y la Universidad de los Llanos.
Esta denuncia se apoya en información previa suministrada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), entidad que actúa como máxima autoridad ambiental en el departamento del Meta, lugar donde se ubican los centros de custodia. El 5 de diciembre del año pasado, Cormacarena confirmó la existencia de un riesgo crítico para los caimanes. En aquel informe, la corporación detalló que los animales presentaban infecciones respiratorias, cuadros agudos de deficiencia de tiamina en los neonatos, estrés térmico debido a la exposición directa al sol y una falta de cobertura de sombra.
Cormacarena también alertó sobre casos de delgadez extrema en los ejemplares, vinculando este estado físico directamente con la falta de alimento y un hacinamiento severo. De acuerdo con la autoridad ambiental, la situación de espacio era alarmante, llegando a registrarse hasta 18 ejemplares compartiendo un mismo estanque, lo que exacerbaba las condiciones de estrés y salud de la especie.
En respuesta a estas alertas, el Ministerio de Ambiente señaló que en diciembre de 2025 solicitó a las entidades responsables la implementación de medidas de manejo reproductivo preventivo. El objetivo de estas acciones era disminuir la presión poblacional en los centros de custodia mientras se avanzaba en los procesos de recuperación y liberación de los animales. Entre las medidas propuestas se encontraba la separación de machos y hembras, así como la suspensión temporal de los procesos de incubación.
La urgencia de estas medidas se fundamenta en que el caimán llanero es una especie catalogada en peligro crítico por la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta situación de vulnerabilidad es el resultado de una historia de caza intensiva y la alteración de su hábitat natural en la cuenca del Orinoco, ecosistema que es compartido entre Colombia y Venezuela.
Finalmente, ante las persistentes denuncias de la senadora Padilla, el Ministerio de Ambiente, a través del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, llegó a un acuerdo para retomar y continuar, a partir de esta semana, con la alimentación de los individuos que se encuentran bajo custodia en el parque Merecure y en la Universidad de los Llanos.
