El diputado oficialista Raúl Barrera llevó a cabo este lunes una serie de audiencias en su despacho con el objetivo de atender las demandas de diversas autoridades indígenas mayas provenientes de los departamentos de Quetzaltenango, Chimaltenango y Sololá. El motivo principal de este encuentro fue la denuncia formal sobre la falta de respuestas a múltiples solicitudes que estas comunidades habían presentado previamente ante diversas instancias del Poder Ejecutivo, específicamente en ministerios y gobernaciones.
Durante las reuniones, se presentaron representantes de los pueblos maya Mam, Quiché y Kaqchikel, quienes manifestaron su inconformidad debido a que el sistema de consejos de desarrollo, así como la Gobernación de Quetzaltenango, la Gobernación de Quiché y el Ministerio de Cultura y Deportes, no han emitido pronunciamientos oficiales respecto a sus peticiones. Ante esta situación, el parlamentario Barrera se comprometió a realizar una revisión exhaustiva de las fechas de cada una de las peticiones ingresadas para determinar si las autoridades correspondientes todavía se encuentran dentro del plazo legal para responder o si, por el contrario, ya han incurrido en un incumplimiento de sus deberes administrativos.
En cuanto al contenido de las solicitudes, el diputado detalló que las comunidades buscan soluciones concretas en materia de infraestructura básica y servicios esenciales. Entre los requerimientos más urgentes se encuentran la implementación de programas de vivienda, el acceso a agua potable y proyectos de adoquinamiento para mejorar la movilidad en sus sectores. Además de estas necesidades básicas, las autoridades indígenas solicitaron apoyo para la organización de un evento conmemorativo el próximo 9 de agosto, fecha en la que se reconoce a nivel internacional la importancia de los pueblos indígenas.
En el marco de estas audiencias, Raúl Barrera fue enfático al señalar que la ausencia de comunicación por parte del Estado no puede ser aceptada como una contestación válida, afirmando categóricamente que «el silencio no es una respuesta». El legislador explicó que, cuando transcurre un tiempo prolongado sin que las personas reciban noticias sobre sus trámites, es cuando acuden a su despacho para solicitar la intermediación parlamentaria, buscando que se agilicen los procesos y se brinde claridad sobre el estado de sus solicitudes.
Asimismo, el diputado recordó un punto fundamental de la normativa administrativa: los funcionarios públicos tienen un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a cualquier petición ciudadana. Esta respuesta debe ser formal y clara, ya sea en sentido positivo, aprobando lo solicitado, o negativo, justificando la razón por la cual no es viable la petición. Según Barrera, el respeto a estos plazos es esencial para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre las gestiones del Estado.
Un punto relevante abordado durante la jornada fue la ubicación geográfica de las autoridades atendidas. El legislador precisó que los representantes indígenas que acudieron a su oficina provienen principalmente de zonas urbanas. Según explicó, esta condición los ubica más adelante en la calendarización de proyectos del Ejecutivo. En este sentido, Barrera señaló que el actual presidente, Bernardo Arévalo, está priorizando la ejecución de proyectos en áreas rurales, argumentando que son las zonas donde el Estado históricamente no ha llegado, buscando así reducir las brechas de desigualdad en el acceso a servicios públicos.
Finalmente, el diputado Raúl Barrera asumió el compromiso formal de trasladar y actualizar cada una de las solicitudes recibidas ante los funcionarios correspondientes del Poder Ejecutivo. El objetivo de esta gestión es lograr que las dependencias gubernamentales emitan una respuesta oficial y detallada sobre la viabilidad técnica y el financiamiento disponible para cada uno de los proyectos planteados por las comunidades mayas de Quetzaltenango, Chimaltenango y Sololá.
