Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, compareció este lunes ante un tribunal federal en Nueva York. La audiencia se llevó a cabo dos semanas después de su detención, derivado de diversas acusaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa que han sido presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Durante la sesión, la jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, atendió una solicitud de los abogados de la Fiscalía estadounidense. El ente fiscal pidió una extensión de los plazos previstos por la ley de juicio rápido, con el objetivo de procesar las pruebas existentes, avanzar en la recolección de evidencias y facilitar el intercambio de información entre las partes involucradas en el proceso. La jueza aprobó la petición, concediendo un plazo de dos meses y fijando una nueva audiencia para el mes de agosto.
El exfuncionario ingresó a la sala de justicia escoltado por sheriffs estadounidenses. Vestía un uniforme de prisión color café y una camiseta gris, además de portar grilletes en manos y pies, los cuales le fueron retirados antes del inicio formal de la audiencia. Mérida Sánchez estuvo acompañado por su abogada, Sarah Rebecca Krisoff, y un intérprete judicial. Durante el desarrollo de la comparecencia, el acusado siguió atentamente las intervenciones de la jueza y confirmó su comprensión de lo expuesto en la sala respondiendo “Sí, su señoría”.
Mérida Sánchez es el primero de un grupo de diez funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia por delitos de narcotráfico. Dentro de este grupo destaca la figura política de mayor perfil, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante del partido Morena. Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados conspiraron para traficar grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense y establecieron una alianza con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Específicamente sobre Mérida Sánchez, la acusación del Departamento de Justicia señala que habría recibido sobornos de "Los Chapitos". El presunto propósito de estos pagos era que el exsecretario proporcionara notificaciones previas sobre las redadas que las autoridades del orden público realizarían en laboratorios de drogas, permitiendo así que la organización criminal trasladara sus sustancias y equipo antes de la intervención policial.
Este caso ha generado una escalada de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Estados Unidos solicitó la detención provisional de los acusados con fines de extradición, petición que México rechazó bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes. La administración mexicana ha sostenido que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de investigar si los cargos tienen sustento legal.
En un acto público en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la acusación contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios como una “injerencia” de Estados Unidos. Asimismo, la mandataria afirmó que no ve “ningún riesgo” en que los señalados decidan entregarse voluntariamente en Estados Unidos, subrayando que dicha decisión recae en cada individuo.
En cuanto al perfil de Gerardo Mérida Sánchez, se trata de un exfuncionario con formación militar que ocupó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Su trayectoria incluye diversos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), habiendo sido comandante en zonas militares de Michoacán, Oaxaca y Puebla, agregado militar en la Embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.
Sobre su situación procesal, el especialista en seguridad y crimen organizado Samuel González Ruiz indicó que la audiencia de este lunes probablemente sería breve. El experto estimó que Mérida Sánchez podría definir si solicita un juicio rápido, lo que podría abrir la posibilidad de iniciar negociaciones con los fiscales estadounidenses para obtener beneficios legales a cambio de proporcionar información relevante.
Mientras tanto, en México, la FGR ha citado a los implicados para que declaren como testigos. El gobernador Rubén Rocha Moya compareció el 26 de mayo en Culiacán, donde reiteró su inocencia y manifestó que se presentará cada vez que sea requerido. Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo el 1 de mayo, argumentando que esto facilitaría las indagatorias.
Otros funcionarios señalados que han comparecido ante la FGR incluyen a Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno y actual senador por Morena, quien también pidió licencia a su asiento en el Senado; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; y Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación.
El resto de los acusados por Estados Unidos son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía de Culiacán.
