El Gobierno de Colombia ha manifestado un categórico rechazo a las recientes declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien presentó el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos como un acto de "buena voluntad". A través de un comunicado oficial, la Cancillería colombiana calificó dicha narrativa como "engañosa", asegurando que la decisión de eliminar estas tasas no es una concesión voluntaria del mandatario ecuatoriano, sino el resultado directo del cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
La controversia se originó luego de que el presidente Noboa anunciara la medida durante una videollamada con Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de ultraderecha en Colombia. En dicha conversación, la cual fue difundida en redes sociales apenas dos días antes de la primera vuelta de los comicios colombianos, Noboa aseguró que a partir del próximo 1 de junio se levantaría la tasa de seguridad, estableciendo un arancel del cero por ciento para los productos provenientes de Colombia.
Para el Gobierno de Gustavo Petro, el momento y la forma en que se dio este anuncio no son fortuitos. La Cancillería colombiana denunció una supuesta injerencia en los asuntos internos del país, calificando la acción del mandatario extranjero como una "intromisión en el devenir democrático" de otro Estado. Según el organismo diplomático, este acto constituye una flagrante vulneración del principio de no intervención, representando una amenaza a la soberanía nacional y un atentado contra el sistema democrático colombiano.
Desde la perspectiva del Gobierno colombiano, presentar el cese de los aranceles como una medida de benevolencia "desdibuja su fundamento jurídico e institucional". La administración de Petro sostiene que tales interpretaciones podrían afectar negativamente el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, ya que se estaría omitiendo el marco legal regional que obliga a tal acción.
En sintonía con esta postura, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, respaldó la posición oficial. Morales cuestionó severamente que una decisión de política comercial, que afecta la economía de dos Estados, fuera comunicada como el resultado de una charla con un actor que "no ejerce funciones de gobierno", refiriéndose a la figura de De la Espriella.
La ministra Morales subrayó que el levantamiento de los aranceles se enmarca en un contexto mucho más amplio y técnico. Explicó que la medida responde a las decisiones vinculantes de la CAN y a las advertencias previas de organismos internacionales, específicamente el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había señalado los riesgos económicos y la incertidumbre generada por las restricciones comerciales impuestas entre los dos países.
Asimismo, la funcionaria recordó que estas medidas arancelarias afectaron durante varios meses a diversas empresas, cadenas productivas y, especialmente, a las comunidades que habitan en las zonas fronterizas de Colombia y Ecuador. Morales defendió que el Gobierno de Petro utilizó los mecanismos previstos en el ordenamiento andino para proteger a los sectores productivos afectados por las restricciones ecuatorianas.
Para entender el origen de este conflicto, es necesario remontarse a comienzos de año, cuando el Gobierno de Daniel Noboa impuso una denominada "tasa de seguridad" a los productos colombianos. La justificación de Ecuador en aquel momento fue que las acciones emprendidas por el presidente Petro contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común eran insuficientes.
Esta disputa comercial escaló rápidamente y fue duramente criticada por gremios empresariales y comerciantes de ambos lados de la frontera. La medida comenzó en febrero con un gravamen del 30 %, el cual fue posteriormente elevado al 50 %, alcanzando un máximo del 100 % desde el pasado 1 de mayo.
Finalmente, la Secretaría General de la CAN, organismo integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, intervino en la disputa ordenando a ambos Estados el retiro de los aranceles impuestos. La entidad concedió un plazo de diez días hábiles para el desmonte de estas medidas, un periodo que venció formalmente el pasado 21 de mayo, lo que confirma la tesis del Gobierno colombiano de que la decisión de Noboa es un cumplimiento normativo y no un gesto voluntario.
