Un jurado compuesto por cinco hombres y tres mujeres ha emitido un veredicto de culpabilidad contra 12 internos del centro penitenciario La Joyita. Los sentenciados fueron hallados responsables de su participación directa en el asesinato de 13 reclusos, crimen ocurrido durante una violenta reyerta registrada el pasado 17 de diciembre de 2019 dentro de las instalaciones del penal.
El proceso judicial, que tuvo lugar en el edificio 727 ubicado en Balboa, permitió desglosar los hechos que llevaron a este trágico suceso. Durante el desarrollo de los alegatos, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio expuso detalladamente cómo se originó el enfrentamiento. Según la tesis presentada por el Ministerio Público, la reyerta no fue un evento fortuito, sino el resultado de una orden directa emitida por Jorge Rubén Camargo Clarke, conocido bajo el alias de "Cholo Chorrillo".
La instrucción dada por Camargo Clarke tenía como objetivo someter a un grupo opositor perteneciente a la pandilla Bagdad. Desde el inicio del juicio, la fiscalía sostuvo en su teoría del caso que, dentro del pabellón donde se encontraban aproximadamente 200 internos, se recibió la orden explícita de ajustar cuentas con aquellos reclusos que se oponían al mando establecido. Esta dinámica de control interno y disputas de poder resultó en la muerte de 13 personas.
A lo largo de la etapa de investigación, diversos internos aportaron testimonios que confirmaron que la raíz del conflicto fue una división interna dentro de la propia pandilla Bagdad. Esta fractura organizativa, liderada por Clarke, fue el detonante que desencadenó la violencia masiva en el recinto penitenciario. Cabe destacar que Jorge Rubén Camargo Clarke no estuvo presente en este proceso local, ya que se encuentra actualmente en los Estados Unidos, donde un tribunal federal debe dictar su pena de prisión tras haber sido encontrado culpable del delito de conspiración para el tráfico de drogas hacia dicho país.
La representación legal del Estado, compuesta por las fiscales Paula Jiménez, Leydis Rangel y Jennifer Román, solicitó al tribunal la imposición de la pena máxima para los 12 imputados, dada la gravedad de los hechos y el número de víctimas mortales.
Este camino hacia la sentencia comenzó formalmente en febrero de 2020, cuando el juez de garantías Erick González imputó cargos a las 12 personas involucradas. Las imputaciones no solo se centraron en la presunta participación en el asesinato de los 13 reclusos, sino que también incluyeron el delito de lesiones personales ocasionadas a otros 11 internos que sobrevivieron al ataque.
Uno de los aspectos más alarmantes revelados durante el proceso fue el armamento disponible dentro del penal. Tras los incidentes en La Joyita, la Policía Nacional desplegó operativos de requisa que resultaron en el hallazgo y recuperación de un arsenal considerable: tres fusiles AK-47, tres pistolas 9 milímetros, una pistola calibre 380 y un revólver calibre 38. No obstante, la fiscalía aclaró que la investigación sobre cómo estas armas fueron introducidas en el centro penitenciario está siendo manejada por la Fiscalía Anticorrupción, razón por la cual este punto específico no fue debatido durante el juicio por homicidio.
Para sustentar la acusación, la fiscalía presentó durante la fase de investigación las declaraciones de tres testigos protegidos. Estos testimonios fueron fundamentales para aportar elementos probatorios sobre la participación individual de cada uno de los imputados en el crimen.
Las consecuencias de este caso trascendieron la sentencia judicial. El evento provocó que las autoridades redoblaran las medidas de seguridad en el Centro Penitenciario La Joyita para evitar nuevos enfrentamientos. Asimismo, se inició una investigación exhaustiva dirigida a los custodios y policías encargados de la vigilancia del penal, con el fin de determinar posibles fallas o complicidades en la seguridad del recinto.
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