Bertha María Deleón, quien se desempeñó como abogada del presidente Nayib Bukele y que reside en el exilio en México desde el año 2021 debido a persistentes ataques en su contra, ha expresado una postura crítica y matizada sobre la gestión actual del Gobierno de El Salvador. En una reciente intervención durante el programa "Un Café Con PA´IS", conducido por Julián Ramírez y Estela Alvarado, la jurista analizó el balance entre la seguridad ciudadana y la integridad de las instituciones democráticas del Estado.
Deleón comenzó reconociendo la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por la administración de Bukele, calificándolas como el principal logro del gobierno. La abogada fue enfática al señalar que el fenómeno de las pandillas se encontraba totalmente fuera de control, generando un sufrimiento sistemático en la población, ejerciendo un dominio territorial absoluto y cometiendo una cantidad ingente de delitos. Según Deleón, nadie puede defender la situación previa, donde la extorsión asfixiaba a los transportistas y la violencia afectaba gravemente a niñas, adolescentes y jóvenes en las comunidades. En este sentido, afirmó que erradicar este mal era una necesidad imperante para devolver la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos, permitiéndoles trabajar sin el temor constante a las represalias criminales.
Sin embargo, a pesar de validar el éxito en la lucha contra las pandillas, Deleón sostuvo que este resultado no justificaba el desmantelamiento de la institucionalidad del Estado. Para la exabogada, el control del crimen organizado no requería anular los contrapesos democráticos ni desmantelar la estructura institucional salvadoreña. En este contexto, denunció que se ha producido un desplazamiento del temor en la sociedad: mientras que anteriormente la población huía del terror impuesto por las pandillas, actualmente existe un temor creciente generado por la aplicación del régimen de excepción.
La abogada detalló que la situación actual es sumamente difícil, señalando que personas que habían pasado años fuera del país han sido capturadas al regresar únicamente por criterios superficiales, como portar tatuajes, usar el cabello largo o llevar aretes. Cuestionó la legitimidad de un sistema donde el Estado pueda encarcelar a un individuo simplemente por mostrarse nervioso, por una denuncia de un vecino o debido a una mínima desavenencia personal, subrayando que toda persona debe gozar de un margen básico de libertades y derechos fundamentales.
Uno de los puntos más críticos de su análisis fue la falta de libertad de expresión e información. Deleón señaló que en El Salvador no existe un acceso real a diversas fuentes informativas, predominando la propaganda del Diario El Salvador y otros medios controlados por el Ejecutivo. Esta situación, a su juicio, impide que la ciudadanía escuche distintas versiones de los hechos, lo cual considera un indicador claro de que el país se encuentra en una situación deficiente en términos democráticos.
Asimismo, advirtió sobre la peligrosa concentración de poder en el Órgano Ejecutivo, el cual mantiene un control absoluto sobre el Órgano Legislativo y el Judicial. Deleón ejemplificó esta situación mencionando la rapidez con la que se aprueban reformas legislativas según la voluntad del presidente y la detención de ciudadanos por la creación de memes críticos contra el gobierno. "La concentración de poder nunca va a ser buena", advirtió la jurista, resaltando la ausencia de controles interorgánicos, elemento que define a cualquier democracia.
En relación al régimen de excepción, Deleón citó la opinión de expertos en seguridad, incluyendo a una especialista de Stanford, quien sugiere que dicha medida podía justificarse en una fase inicial para recuperar el control territorial. No obstante, cuestionó la razón por la cual el presidente Bukele continúa solicitando la ratificación de este régimen a la Asamblea Legislativa, si es que, según sus propias declaraciones, las pandillas fueron controladas hace más de dos años.
Finalmente, la abogada se refirió a la existencia de prisiones políticas, mencionando los casos de Ruth López, Enrique Anaya y Fidel Zavala, y haciendo eco de los reportes del Comité de Familiares de Presos Políticos, que registra más de 80 casos. Mediante una analogía, Deleón afirmó que, si bien antes se criticaba a ARENA por actuar como "dueños de la finca", ahora los Bukele han asumido ese rol, pero con un control más severo donde no existe reparto de cuotas y cualquier contradicción se castiga con la cárcel o el exilio. Cerró su intervención criticando las declaraciones de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien ha sugerido que quienes no estén de acuerdo con la situación del país deben marcharse, calificando este escenario como lamentable y basado en el miedo.
