Un reciente informe publicado por Unicef ha encendido las alarmas sobre la situación de la infancia y adolescencia en Chile, revelando que el país se sitúa en la última posición en materia de bienestar infantil entre un grupo de 37 naciones consideradas de altos ingresos. Los datos presentados en el estudio exponen una realidad preocupante que pone de manifiesto las fallas del Estado y la sociedad para garantizar las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo integral de las niñas y niños.
Entre las cifras más alarmantes del reporte destaca la crisis de salud nutricional: el 58% de los niños y adolescentes, en el rango etario de los 5 a los 19 años, presenta sobrepeso. Este dato refleja un problema estructural de salud pública que afecta a más de la mitad de la población joven del país.
Asimismo, el informe pone el foco en la profunda brecha educativa y socioeconómica que persiste en el sistema chileno. El estudio indica que solo el 25% de los adolescentes pertenecientes al quintil más pobre logra alcanzar las competencias básicas en lectura y matemáticas. En contraste, esta cifra asciende al 67% en el quintil más acomodado, evidenciando una disparidad crítica en el acceso a aprendizajes fundamentales según el nivel de ingresos del hogar.
La vulnerabilidad económica también se manifiesta de forma directa en la alimentación. El informe de Unicef revela que un 13% de los estudiantes de 15 años declaró haber omitido comidas debido a la falta de dinero, un dato que subraya la precariedad en la que viven miles de adolescentes chilenos.
Ante este escenario, surge la necesidad de analizar no solo los indicadores de salud y educación, sino también los factores que podrían revertir estas tendencias. En este contexto, se plantea que la discusión pública ha omitido un elemento clave: la participación infantil. La evidencia acumulada en los últimos años sugiere que cuando las infancias participan de manera significativa, se observan mejores resultados en el bienestar general, el desarrollo socioemocional y una mayor protección frente a diversos tipos de riesgos.
Es fundamental diferenciar que la participación infantil no debe ser vista simplemente como un derecho asegurado por la Convención de los Derechos del Niño, sino como un factor protector capaz de potenciar el éxito de otras medidas de protección a la infancia. Sin embargo, para que este efecto se produzca, la participación debe ser "significativa" y no meramente "simbólica". Esto implica que no es suficiente con preguntar la opinión de los niños para luego ignorarla, ni incluirlos en procesos diseñados exclusivamente por adultos. La verdadera agencia ocurre cuando los niños y niñas tienen un impacto real sobre los temas que les afectan y les importan.
Como ejemplo de este enfoque, la organización Momento Ciudadano implementó el año pasado el proyecto "Multiplicar las Voces". En esta iniciativa, más de 1.300 niños y niñas de todas las regiones del país utilizaron sus propias palabras y dibujos para comunicar sus preocupaciones y propuestas sobre el Chile actual y el que desean construir, dirigiendo sus mensajes a candidaturas presidenciales y parlamentarias.
Los resultados de este proyecto demostraron que Chile posee un terreno fértil para implementar la participación infantil. A través de la colaboración con aliados como la Defensoría de la Niñez, Fundación Colunga, World Vision Chile, Fundación Arcor y la Organización de Estados Iberoamericanos, se identificaron instituciones públicas, escuelas y organizaciones comunitarias en las 16 regiones dispuestas a abrir espacios de escucha activa. El hallazgo principal fue que la capacidad de los niños para articular sus vivencias y propuestas es notable, y que la barrera principal no es la voluntad de los menores, sino la disposición de los adultos para escucharlos seriamente.
El informe de Unicef, aunque doloroso, se presenta como una invitación a replantear las estrategias actuales. Una respuesta concreta sería integrar la participación infantil como una política pública deliberada, reconociendo a los niños y niñas no solo como beneficiarios, sino como sujetos de derecho y agentes de sus propias trayectorias. Aunque diseñar mecanismos de participación genuina requiere inversión y esfuerzo, la evidencia sugiere que es una de las inversiones más rentables para cualquier sociedad que aspire a mejorar el bienestar de su infancia. El desafío actual radica en la decisión política de convertir esta necesidad en una prioridad nacional.
