El pasado 26 de mayo, el presidente José Raúl Mulino otorgó rebajas de pena a un total de 959 personas privadas de libertad. Si bien esta medida reduce la población penitenciaria, surge una interrogante crítica sobre el futuro de quienes recuperan su libertad: ¿cuántos de ellos volverán a cometer delitos?
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Penitenciario, basadas en cifras de 2025, la perspectiva es preocupante. Se estima que un 45% de las personas que salen de prisión reinciden en la comisión de un delito, siendo habitualmente el mismo crimen el que motivó su encarcelamiento original.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda de Troitiño, sostiene que existen barreras estructurales que hacen que la reinserción sea una tarea sumamente compleja. Según Troitiño, el estigma social y laboral, sumado a la exigencia generalizada de presentar un récord policivo limpio, constituye un obstáculo casi insuperable para quienes han estado recluidos, dificultando drásticamente su acceso al mercado laboral formal.
Para la exmagistrada, el problema comienza dentro de los centros penales. Afirma que en las cárceles panameñas no existen las condiciones necesarias para lograr que los internos se reintegren efectivamente a la sociedad. Troitiño describe estas instalaciones como lugares de encerramiento que carecen de alternativas reales para el aprendizaje de nuevas conductas, por lo que reclama la implementación de programas de resocialización que sean verdaderamente efectivos.
Otro factor determinante en la reincidencia es la desconexión social y familiar. La pérdida del vínculo comunitario lleva al individuo al aislamiento, y al recuperar su libertad, suele regresar al mismo entorno social que lo impulsó a delinquir. Al no contar con herramientas para cambiar su situación, es común que repitan el mismo patrón delictivo.
En este contexto, el crimen organizado y las pandillas operan como factores de poder que mantienen a los individuos atrapados en el círculo de la delincuencia. Debido a que estas organizaciones tienen presencia tanto en las calles como dentro de los penales, resulta casi imposible que sus integrantes cambien su modo de vida. Troitiño señala que, al regresar a barrios con alta incidencia delictiva —como sectores del distrito de San Miguelito, El Chorrillo, Felipillo en el distrito de Panamá y la ciudad de Colón—, muchos se ven obligados a reincorporarse a las pandillas para garantizar su propia seguridad y la de sus familiares.
La realidad interna de las cárceles refleja este control. La promotora de derechos humanos confirmó la existencia de pabellones enteros controlados por pandillas, las cuales dirigen prácticamente todas las actividades y supervisan a las personas allí albergadas. Organizaciones como Calor Calor y Bagdad operan en complejos como el Centro Penitenciario La Joya, una situación que quedó evidenciada en el asesinato de 13 reos ocurrido en diciembre de 2019.
Esta visión es respaldada por David Villarreal, exdetective de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Durante su trayectoria en la represión del crimen, Villarreal observó casos de delincuentes que, tras cumplir su condena, eran capturados pocos días o meses después cometiendo el mismo delito. El exdetective define esto como un círculo vicioso que solo se rompe cuando la persona logra alejarse totalmente del entorno que la llevó a delinquir. Además, enfatizó que quienes se involucran en el pandillerismo, el narcotráfico o el crimen organizado difícilmente pueden salir, pues quienes lo intentan suelen enfrentar represalias.
Desde una perspectiva psicológica, Mirjana Cedeño explica que existe una dependencia emocional y estructural hacia el grupo. En el caso de las pandillas, los privados de libertad reciben protección y ayuda dentro de la prisión, lo que genera un vínculo de lealtad que persiste al salir. Estos nexos de identidad son difíciles de romper, ya que muchos se integran a estos grupos desde edades muy tempranas.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno implementa programas de resocialización que incluyen talleres de repostería, panadería, modistería, reforestación, confección de artesanías, reparación de sillas para el Ministerio de Educación, grabación de audiolibros y el reciclaje de desechos sólidos. Sin embargo, la exmagistrada Troitiño cuestiona la efectividad de estas actividades, argumentando que están diseñadas más para mantener ocupado el tiempo libre de los internos que para dotarlos de una profesión u oficio real.
Finalmente, los datos de la Dirección del Sistema Penitenciario revelan la magnitud del reto. Los 16 centros penitenciarios del país albergan a 24,831 personas, concentradas mayormente en La Joya, La Joyita y la Nueva Joya. El sistema enfrenta una sobrepoblación de 10,379 reos. De la población total, 15,371 ya han sido condenados, mientras que 8,419 aún tienen procesos abiertos. El perfil demográfico es contundente: el 95% de los privados de libertad son hombres jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.
