La justicia hondureña ha logrado la captura, este mes, del hombre señalado como el presunto asesino del ambientalista Carlos Luna, cerrando un ciclo de búsqueda que se extendió durante 28 años. La detención de Italo Iván Lemus, efectuada el pasado 19 de mayo, ha traído un alivio parcial a los familiares de la víctima, quienes mantienen viva la memoria de un hombre que dedicó su vida a la protección de los recursos naturales en el este de Honduras.
Carlos Luna fue un ferviente defensor de los bosques de madera de color en el departamento de Olancho. Su filosofía se basaba en la convicción de que los recursos forestales no pertenecen a intereses privados, sino a la colectividad. Según relató su hijo, César Luna, de 46 años, su padre sostenía firmemente que «los bosques son del pueblo, no los ha sembrado nadie, no los ha cuidado nadie y el pueblo es su auténtico y legítimo dueño».
El crimen ocurrió el 18 de mayo de 1998, cuando Luna, quien se desempeñaba como concejal de la Alcaldía de Catacamas, fue asesinado de un balazo por la espalda mientras salía de una reunión de trabajo. A pesar de la gravedad de la situación y de que en las instalaciones de la Alcaldía se encontraban dos médicos en ese momento, el ambientalista fue agredido sin que nadie le brindara la asistencia inmediata necesaria.
En aquel entonces, Luna acababa de iniciar un nuevo período como concejal, habiendo asumido el cargo apenas cuatro meses antes de su muerte. Según las declaraciones de César Luna, el asesinato no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una trama en la que estuvo involucrado el entonces alcalde de Catacamas, Alejandro Salgado. Olancho, zona donde ocurrieron los hechos, posee una de las reservas forestales más importantes del país, la cual continúa enfrentando procesos de grave destrucción.
La familia de la víctima también ha señalado la participación de un empresario y político de Catacamas, a quien acusan de haber causado daños ambientales severos en los bosques de madera de color de la región. No obstante, el político rechazó estas acusaciones el pasado 20 de mayo y retó a los hijos de Carlos Luna a presentar las pruebas correspondientes ante los tribunales de justicia.
Días antes de su asesinato, Carlos Luna ya había alertado sobre el peligro que corría. El líder del Movimiento Ambientalista de Olancho denunció ante la dirección del partido Unificación Democrática (UD), organización de izquierda que representaba en la Alcaldía, que estaba recibiendo amenazas de muerte. Estas intimidaciones provenían de «poderosos madereros» que se sentían afectados por su lucha contra la tala irracional de los bosques. Luna defendía que la explotación forestal debía realizarse de manera racional y sostenida para proteger el medioambiente.
Ante la persistente impunidad y la falta de avances en el caso, la familia decidió elevar la denuncia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En febrero de 2013, durante una visita a Costa Rica, César Luna manifestó que no descansarían en su exigencia de justicia y solicitó que la Corte ordenara al Estado hondureño profundizar las investigaciones. Finalmente, en octubre de 2013, la CorteIDH declaró que el Estado de Honduras era responsable de garantizar el derecho a la vida y ordenó brindar tratamiento psicológico gratuito e inmediato a los familiares.
Por su parte, Baloy Luna, otro de los hijos del ambientalista, afirmó que el crimen fue costeado por dueños de aserraderos de gran escala. El hijo de la víctima subrayó que, aunque los responsables creyeran que Honduras sigue siendo el país de 1998, donde las amenazas callaban a periodistas y ciudadanos, hoy la familia solo exige que se identifique a quienes pagaron por el asesinato. Asimismo, Baloy Luna denunció que administraciones municipales recientes en Catacamas habrían entregado concesiones de una parte del río Talgua a empresarios, causando daños visibles en el cauce.
Sobre el detenido, se sabe que Italo Iván Lemus había sido deportado de Estados Unidos en 2008 junto a otros migrantes. Baloy Luna considera que esta captura es solo el inicio del proceso. Recordó que otro implicado en el crimen, vinculado a sectores políticos y empresariales, fue asesinado en 2006 dentro de la Penitenciaría Nacional, cerca de Tegucigalpa, en lo que la familia describe como un acto de silenciamiento para evitar que revelara los nombres de los autores intelectuales.
El caso de Carlos Luna se suma a una alarmante lista de ambientalistas asesinados en Honduras desde 1995, entre los que destacan los nombres de Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Bertha Cáceres y, más recientemente, Juan López en 2024.
