En el marco de la prolongada disputa judicial que enfrenta la exmandataria peronista, la Cámara de Casación ha emitido un fallo que profundiza el impacto económico sobre Cristina Fernández de Kirchner y su núcleo familiar. Los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña han validado la sentencia previa emitida por el Tribunal Oral Federal 2, compuesta por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes condenaron a la expresidenta y dispusieron la confiscación de diversos activos.
La resolución judicial ratifica la medida de decomiso de bienes que afectan tanto a la exmandataria como al empresario Lázaro Baez. Según el dictamen, los activos han sido clasificados en tres categorías legales distintas: en primer lugar, aquellos bienes pertenecientes a personas condenadas que se habrían beneficiado directamente del delito; en segundo lugar, los activos afectados con una finalidad reparatoria; y, finalmente, una categoría que ha generado mayor controversia, referida a los bienes que se encuentran en poder de terceros que no han sido condenados en el proceso.
En términos cuantitativos, la corte ha puesto bajo la lupa un total de 111 bienes. De este conjunto, la gran mayoría, 80 activos, pertenecen a Lázaro Baez. Por su parte, la exmandataria tiene vinculados dos bienes, mientras que otros 19 activos pertenecen a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. Sobre estos últimos, se ha señalado que fueron adquiridos por Néstor Kirchner en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2010, y posteriormente fueron transferidos a los hijos como herencia, mucho antes de que se estableciera el marco temporal de la causa judicial.
La defensa técnica de la exmandataria y sus hijos ha presentado fuertes cuestionamientos ante esta medida. Los abogados argumentan que existe una indebida extensión de la responsabilidad penal hacia terceras personas que son ajenas al proceso judicial. En particular, subrayan que se están incluyendo bienes que fueron adquiridos con anterioridad a los hechos investigados o que pertenecen a individuos que no han recibido condena alguna.
Asimismo, la defensa objetó la inclusión de activos que consideran de origen lícito y que no mantienen ningún vínculo directo con el delito imputado. Para los representantes legales de los Kirchner, esta acción transforma el decomiso en una medida estrictamente confiscatoria, alejándose de la naturaleza reparatoria del proceso penal. Sin embargo, a pesar de estos planteamientos, los jueces de Casación decidieron rechazar los argumentos de la defensa y mantener la validez del fallo original.
Este escenario judicial se suma a la situación personal de Cristina Fernández, quien actualmente cumple una sentencia de seis años de prisión domiciliaria y se encuentra bajo una proscripción política de por vida. A esta presión judicial se añade la postura del actual jefe de Estado, Javier Milei, quien ha reiterado la necesidad de privar a la exmandataria de la jubilación que le corresponde por haber desempeñado el cargo de presidenta de la Nación.
Paralelamente, la exjefa de Estado enfrenta otro proceso judicial denominado la causa "Cuadernos". Al respecto, diversos juristas sostienen que tanto esta causa como la primera han sido fabricadas con objetivos vengativos y con la finalidad primordial de desplazarla definitivamente de la escena política.
Como parte de las irregularidades denunciadas en el proceso, se ha revelado que, en el transcurso de las audiencias, un total de 28 declarantes han denunciado haber prestado testimonio bajo presiones. Según estos testimonios, habrían sido víctimas de extorsiones y amenazas por parte del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio, quien ya ha fallecido, con el objetivo de incriminar a la expresidenta en los hechos investigados. La exmandataria fue encartada originalmente en el año 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.
