El Congreso del estado de Nuevo León ha aprobado una serie de reformas al Código Civil estatal que transforman la manera en que se resuelven las disputas sobre animales de compañía durante los procesos de divorcio o separación. A partir de estas modificaciones, los jueces tendrán la facultad legal de intervenir en los conflictos relacionados con las mascotas, dejando atrás un esquema donde estos animales eran tratados estrictamente como activos materiales.
Bajo la normativa anterior, las mascotas eran consideradas bienes materiales dentro de las separaciones legales. Esto implicaba que su destino se decidía mediante acuerdos patrimoniales, integrándose en la repartición de bienes sin que se tomara en consideración el bienestar del animal o el vínculo afectivo existente con los dueños. Con la nueva disposición, se elimina esta visión simplista para dar paso a un análisis basado en la protección y calidad de vida del animal.
La reforma establece que los jueces deberán valorar diversos elementos fundamentales para determinar con quién permanecerá la mascota. Entre los criterios principales se encuentra el análisis del bienestar del animal, el entorno físico y social en el que vive, así como la capacidad real de cada persona involucrada para ofrecer mejores condiciones de atención y cuidado. De este modo, las decisiones judiciales se basarán en aspectos emocionales y de convivencia, priorizando la estabilidad del animal por encima de cualquier interés económico.
Uno de los puntos más innovadores de esta reforma es la posibilidad de implementar esquemas de convivencia similares a los que se aplican en el caso de hijos menores de edad. Dependiendo de las particularidades de cada caso, los jueces podrán definir regímenes de visitas y responsabilidades compartidas. Esto abre la puerta a que las exparejas acuerden la distribución de gastos veterinarios, la alimentación y el tiempo de convivencia, asegurando que el animal no pierda el vínculo con ninguno de sus cuidadores si así se considera beneficioso.
Los diputados locales que impulsaron esta iniciativa destacaron que el objetivo es adaptar la legislación vigente a la realidad social actual. Argumentaron que millones de personas en el país consideran a sus animales de compañía como integrantes fundamentales de su núcleo familiar. Para respaldar esta postura, se citaron datos del INEGI, los cuales indican que más del 70% de los hogares mexicanos cuentan con algún animal de compañía, siendo los perros y los gatos las especies predominantes.
Esta medida contó con el respaldo activo de diversos colectivos animalistas. Estas organizaciones subrayaron que los procesos de separación pueden generar un impacto emocional negativo en las mascotas debido a las alteraciones abruptas en sus rutinas y en su entorno de convivencia. Para estos grupos, resulta fundamental que el marco legal priorice el bienestar animal sobre los intereses económicos de las partes en conflicto, evitando que el animal sea utilizado como un objeto de negociación patrimonial.
En cuanto a la operatividad de la ley, serán los jueces familiares quienes asuman la responsabilidad de determinar la custodia. Para ello, utilizarán criterios enfocados en la protección del animal, analizando detalladamente las condiciones del hogar, el tiempo disponible que cada solicitante pueda dedicar al cuidado del animal y evaluando quién ha sido la persona responsable de atenderlo históricamente.
Especialistas en derecho familiar han señalado que este tipo de reformas ya se han implementado en otros países, buscando reconocer que las mascotas no son simples objetos, sino seres capaces de establecer vínculos emocionales profundos y rutinas de convivencia que deben ser respetadas y protegidas en las disputas legales.
Aunque la reforma ya ha sido aprobada, para que entre en vigor es necesario que se realice su publicación oficial. No obstante, su aprobación ya marca un cambio significativo en la forma en que la ley mexicana aborda el papel de los animales de compañía en las familias contemporáneas. Se espera que la discusión parlamentaria y la visibilidad mediática de este caso en Nuevo León puedan incentivar la creación de iniciativas similares en otros estados de la República Mexicana. Finalmente, los legisladores reiteraron que la meta primordial de estos cambios es evitar que los animales queden en situación de abandono tras la ruptura de una pareja.
