El sistema de salud en la República Dominicana se encuentra actualmente en un punto de inflexión. A pesar de que el Gobierno ha anunciado la apertura de nuevos centros hospitalarios y una notable ampliación de las infraestructuras sanitarias, persiste una brecha significativa entre la disponibilidad de edificios y la percepción de seguridad del ciudadano común al momento de enfrentar una enfermedad. La realidad indica que la construcción de paredes no es suficiente si el acceso a una atención médica digna sigue estando condicionado por la capacidad económica del paciente.
En diversos foros de salud nacional se ha puesto de manifiesto la urgencia de implementar una cobertura universal que sea, además, sostenible en el tiempo. Actualmente, los costos asociados a los tratamientos médicos y la adquisición de medicamentos representan una carga financiera que consume los limitados ingresos de las familias pertenecientes a la clase media y baja. Esta situación ha generado una brecha alarmante en el sistema, subrayando que la protección del paciente no debe limitarse a consignas en conferencias, sino que debe convertirse en un hecho tangible y regulado estrictamente por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Uno de los puntos más críticos y que ha sido postergado en la agenda sanitaria nacional es la salud mental. Durante años, quienes han padecido trastornos emocionales o psiquiátricos en el país han enfrentado un escenario de aislamiento y desamparo financiero. Esto se debe a que el catálogo de la seguridad social tradicionalmente ha ignorado estas patologías, obligando a los ciudadanos a costear consultas privadas y fármacos de alto costo utilizando sus propios recursos.
No obstante, el panorama normativo actual comienza a mostrar signos de cambio bajo la gestión del gobierno vigente. Se ha impulsado la reforma de la Ley de Salud Mental (Ley No. 12-06) y existe la promesa de expandir las unidades de intervención en crisis. Estas iniciativas buscan transformar un modelo hospitalario que históricamente ha sido reactivo y deficiente ante las crisis psíquicas que afectan la cotidianidad de la población, abriendo así una ventana de esperanza para los pacientes.
Sin embargo, el éxito real de estas reformas normativas dependerá directamente de la capacidad del Estado para descentralizar los servicios médicos hacia las provincias. Es imperativo que el ciudadano residente en el interior del país no se vea obligado a trasladarse a Santo Domingo o Santiago para recibir atención médica especializada. Para que exista una red pública resiliente, se debe garantizar que un paciente en Pedernales o Dajabón reciba la misma calidad de respuesta médica que alguien que resida en las principales ciudades.
En este sentido, las autoridades deben mantener una vigilancia activa en las campañas de promoción de las unidades de intervención en crisis y en la prevención de enfermedades mentales. El incremento de estas patologías en los últimos años se atribuye a una combinación de factores estresantes estructurales, como la pobreza y la violencia, sumado a las secuelas dejadas por la pandemia de COVID-19 y el impacto del aumento en el uso de las redes sociales. Se reconoce que la medicina preventiva es siempre más humana y económicamente viable que el mantenimiento de camas hospitalarias ocupadas por causas que podrían haberse evitado.
Por otro lado, el papel de las sociedades médicas resulta crucial en este proceso de reestructuración y avance tecnológico. La renovación de sus directivas debe ir acompañada de un compromiso firme con la ética y la educación continua de sus miembros. El médico dominicano requiere no solo de herramientas tecnológicas modernas, sino también de una sensibilidad social que le permita comprender el entorno vulnerable en el que se encuentran sus pacientes.
Asimismo, se ha trazado una hoja de ruta hacia el año 2030 mediante una estrategia de cooperación con organismos internacionales. La meta, ambiciosa pero clara, es la eliminación de enfermedades transmisibles, lo cual requiere una articulación perfecta entre los sectores público y privado. Sin embargo, la eficacia de estos planes internacionales podría verse comprometida si persisten las trabas burocráticas locales que retrasan la entrega de medicamentos esenciales.
Finalmente, es necesario replantear la concepción de la salud, la cual no puede seguir siendo vista como un negocio donde el paciente es tratado simplemente como un cliente más. El bienestar físico y mental es un derecho constitucional que el Estado dominicano está obligado a tutelar con transparencia y firmeza. Cerrar las brechas de costo y cobertura es el verdadero indicador de progreso que la sociedad espera. El desafío generacional consiste en construir un sistema sanitario preventivo, eficiente y humano; aunque los planes son prometedores, solo una ejecución impecable podrá salvar vidas en el mediano plazo y convertir la salud en una realidad para todos y no en un privilegio de pocos.
