El sistema de educación secundaria en Argentina atraviesa un momento de profunda revisión y debate. En este contexto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) y la Asociación Conciencia presentaron el informe “Repensar la Escuela Secundaria”, el cual pone de manifiesto una de las grietas más críticas del modelo actual: el debilitamiento del vínculo entre las instituciones educativas y las familias.
Según los datos relevados a través de una encuesta nacional dirigida a docentes y directivos, el 58,2% de los educadores considera que el nivel de participación de las familias en las trayectorias educativas de los alumnos es bajo. Este diagnóstico no es uniforme y actúa como un reflejo de la fragmentación social del país. La brecha se hace evidente al analizar el nivel socioeconómico (NSE): mientras que en las escuelas de NSE alto solo el 29,4% de los docentes percibe una falta de compromiso, en los sectores de NSE bajo esta cifra se dispara al 73,1%. Asimismo, la gestión institucional influye en la percepción, ya que en las escuelas estatales la sensación de baja participación alcanza al 63,7% de los encuestados, frente a un 37,9% en las instituciones privadas.
Sin embargo, el informe revela una paradoja institucional que define la relación entre la escuela y el hogar como "compleja". A pesar de que el cuerpo docente reclama un mayor acompañamiento cotidiano por parte de los padres, existe un límite tajante cuando se trata de ceder espacios en la toma de decisiones. El 70,6% de los educadores rechaza contundentemente que los padres tengan voz en la selección de los equipos directivos, defendiendo esta tarea como una responsabilidad de la gestión estatal y parte de su autonomía profesional. En una línea similar, el 47,5% de los docentes se opone a que el Consejo de Padres y Madres intervenga en el Proyecto Educativo Institucional.
Esta tensión cobra relevancia frente al proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el Gobierno junto al Consejo de Mayo. Dicha normativa propone la creación de los Consejos Escolares de Padres en las instituciones estatales como el eje central de la participación familiar. Estos consejos, integrados por padres y tutores elegidos por sus pares, tendrían funciones clave, tales como intervenir en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo, así como participar en la elaboración de reglamentos internos, la supervisión y el asesoramiento en asuntos institucionales.
Más allá del rol familiar, la encuesta analizó otros pilares de la propuesta oficialista que busca modificar la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), la cual aún no ha avanzado en el Congreso. Uno de los puntos con mayor aceptación es la autonomía institucional y pedagógica. El 91% de los educadores identifica que al menos un área de la escuela mejoraría si hubiera una mayor capacidad de decisión institucional. El apoyo es especialmente fuerte (72%) en lo que respecta a la autonomía para organizar prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo.
Otro punto de consenso es la implementación de una evaluación nacional estandarizada y opcional al finalizar la etapa secundaria. El 65,2% de los docentes y directivos está de acuerdo con la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación voluntaria en lengua, matemática y ciencias que funcionaría como un parámetro universal de aprendizaje.
En cuanto a la dinámica dentro del aula, existe un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de modernizar la enseñanza. El 74,2% de los encuestados favorece la profundización de metodologías activas y participativas que coloquen al estudiante en el centro del proceso. Ianina Tuñon, investigadora del OSDA-UCA y autora del informe, destacó que existe un gran consenso, señalando que siete de cada diez educadores apoyan el uso de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos.
No obstante, el régimen académico sigue siendo el punto de mayor fricción. El 60,8% de los educadores se manifiesta en desacuerdo con la eliminación de la repitencia para reemplazarla por un sistema de aprobación por materias, un modelo que ya ha sido implementado en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, sobre el uso de dispositivos móviles, el 41,6% de los docentes prefiere la integración pedagógica antes que la prohibición. Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de la Asociación Conciencia, ejemplificó esta postura mencionando la educación financiera: dado que el 80% de los adolescentes utiliza billeteras virtuales en sus dispositivos, considera fundamental que la escuela integre el celular para enseñar estas competencias necesarias.
