¿Qué sucede cuando el ajuste económico impacta directamente en el acceso a la salud y la movilidad? Los diputados nacionales Esteban Paulón y Pablo Farías han presentado un proyecto de resolución para frenar la quita de subsidios a las empresas de transporte que garantizan pasajes gratuitos para personas con discapacidad.
El conflicto surge a raíz de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, la cual eliminó las compensaciones estatales destinadas a cubrir este beneficio. Si bien el Ministerio de Economía oficializó el fin del fondo de compensaciones, el Gobierno sostiene que la obligación de las compañías de otorgar los pasajes gratuitos permanece vigente.
Sin embargo, los legisladores advierten que, sin el apoyo financiero del Estado, el acceso efectivo a este derecho se ve gravemente amenazado. El proyecto expresa una profunda preocupación, señalando que la medida no solo afecta a personas con discapacidad, sino también a pacientes trasplantados y a niños, niñas y adolescentes con cáncer que dependen de estos traslados para sus tratamientos médicos y personales.
Para Paulón y Farías, esta es una medida regresiva. Basando su reclamo en el principio de no regresividad de los derechos económicos y sociales, exigen que el Gobierno Nacional garantice la plena vigencia y efectividad de la gratuidad.
Este escenario ocurre en el marco de la desregulación del transporte automotor, donde las empresas ahora pueden fijar sus tarifas libremente. Ante esto, la oposición reclama mayores mecanismos de control y sanciones efectivas para asegurar que las compañías cumplan con la entrega de pasajes.
Con la presentación del Expediente 2424-D-2026, el debate se traslada ahora a las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se analizarán los límites del ajuste y la protección de estos derechos fundamentales.
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